La agilización de permisos y la búsqueda de mayores certezas para quienes desarrollan proyectos de inversión son algunos de los objetivos que atraviesan el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional. La iniciativa reúne modificaciones en distintas áreas de la regulación y la gestión pública, incluyendo materias tributarias, de inversión y de institucionalidad ambiental.
En este último ámbito, la “Megarreforma” propone cambios al Sistema de Evaluación Ambiental, orientados a hacer más expedita la tramitación de proyectos. La propuesta ha abierto un debate sobre cómo avanzar hacia procesos más ágiles, resguardando al mismo tiempo los estándares de protección ambiental y las posibilidades de participación de las comunidades.
En este contexto, Codexverde y la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas realizarán el conversatorio “Megarreforma y Medio Ambiente: ¿más inversión con igual protección?”. El encuentro se desarrollará a las 11:00 hrs. del miércoles 2 de septiembre de manera online y tiene por objetivo generar un espacio de diálogo entre distintas perspectivas sobre los alcances de la iniciativa y sus posibles efectos en la institucionalidad ambiental del país.
Entre las temáticas que se abordarán están: los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la agilización de los procesos de evaluación, el rol y las capacidades del Servicio de Evaluación Ambiental, así como la búsqueda de mayor certeza jurídica y una eventual disminución de la judicialización de proyectos. También se discutirá el papel de la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.
Para ello, el conversatorio contará con la participación de Alberto Marín, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA; y Javier Naranjo, socio de JDF Abogados y exsubsecretario del Medio Ambiente.
Un debate que suma nuevos elementos tras el fallo del Tribunal Constitucional
El conversatorio se da luego de que el pasado 13 de agosto, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos presentados contra distintas disposiciones de la Megarreforma. El organismo declaró inconstitucionales algunas normas, entre ellas las relacionadas con la indemnización a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada judicialmente, y las denominadas microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas.
El fallo también acogió reparos respecto de otras disposiciones vinculadas a materias ambientales, abriendo nuevas preguntas sobre el alcance de los cambios que finalmente podrán implementarse y sobre las vías mediante las cuales el Ejecutivo podría avanzar en algunos de los objetivos que estaban detrás de las normas rechazadas.
Para Ezio Costa, discutir la Megarreforma resulta relevante tanto por las normas que finalmente fueron aprobadas como por las implicancias del fallo del Tribunal Constitucional. “Hacer un análisis de la megarreforma es importante desde dos puntos de vista el primero tiene que ver con aquellas normas que sí se modificaron finalmente y que generan algunos cambios en la manera en que operan la justicia ambiental en Chile y en segundo lugar, analizar las implicancias del fallo del TC que declaró inconstitucionales otras normas que habían sido aprobadas por el Congreso”, señaló.
En ese sentido, tambien sostuvo que estas “muestran la voluntad de operar muy al borde de la legislación de el gobierno, pero también de algunas industrias que han estado fuertemente involucradas en este proceso”, agregando que resulta importante observar “esa estrategia y también el análisis jurídico que se puede hacer de esa estrategia y de la resolución del TC”.
Desde otra perspectiva, Javier Naranjo destacó el valor de generar espacios que permitan conocer distintas posiciones frente a los cambios que podrían afectar la institucionalidad y gestión ambiental del país. “Estos espacios permiten recoger diversas miradas, todas ellas válidas y legitimas, y ayudan a comprender que la gestión ambiental del país conlleva distintas perspectivas y complejidades, que se deben enfrentar poniendo a Chile primero”, puntualizó.
En esa línea, el abogado hizo un llamado a que el debate sobre eventuales modificaciones a la institucionalidad se desarrolle a partir de información sobre el funcionamiento del sistema. “El primer y más importante llamado es a informarse sobre el funcionamiento de nuestra institucionalidad para no caer en expectativas erróneas, y desde ahí, en caso que sea necesario o se estime adecuado, proponer los cambios y, siempre, generar debates informados”, sostuvo.
El conversatorio permitirá abordar los desafíos de agilizar la evaluación de proyectos y entregar mayor certeza jurídica, junto con las preguntas que persisten sobre participación ciudadana, acceso a la justicia y protección ambiental.
La actividad es abierta a todo público y se realizará el miércoles 2 de septiembre a las 11:00 horas, en formato online, previa inscripción aquí.
