Chile se convirtió en el primer país en Latinoamérica que prohíbe bolsas plásticas en el comercio

Ayer se cumplieron los seis meses desde que fue promulgada la ley que prohíbe la distribución de estos artículos en grandes tiendas y supermercados a lo largo del país.

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Desde este domingo 3 de febrero, los locales del comercio ya no podrán entregar bolsas plásticas en todo Chile. De esta forma, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en prohibir por completo la distribución de estos artículos en grandes tiendas y supermercados.

La Ley N°21.100, que tiene como objetivo principal proteger el medio ambiente, fue publicada en el Diario Oficial el 3 de agosto de 2018 y consideró seis meses de adaptación para las grandes tiendas.

Por eso, hasta ahora los comercios podían dar un máximo de dos bolsas plásticas por persona.

La iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Desde un principio, el principal rechazo se dio por parte de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), que incluso envió un requerimiento al Tribunal Constitucional para evitar que la normativa fuera aprobada. Sin embargo, el organismo desestimó la solicitud y ratificó el en ese entonces proyecto de ley. Además, se ha criticado la iniciativa por supuestas falencias que existirían en la ley.

Así lo señalaron ayer sábado desde la Asociación de Bolsas Reutilizables (ABR) -lo que también ha sido apoyado por algunas municipalidades del país- quienes afirmaron que es necesario abordar ciertos “errores técnicos” en la implementación de la normativa.

No obstante, desde el Gobierno valoraron que a seis meses de la promulgación de la ley, se ha evitado el consumo de cerca de mil millones de bolsas plásticas.

“Estamos felices por el apoyo ciudadano de esta medida, porque la gente está utilizando su bolsa reutilizable al momento de ir a comprar. Según una reciente encuesta, el 80% de la población se acostumbró a ir a hacer sus comprar con bolsas reutilizables”, comentó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Cabe recordar que quienes no cumplan con la normativa, podrán ser multados con hasta 5 UTM por cada unidad entregada, lo que equivale a alrededor de $240 mil. Las municipalidades serán las encargadas de la fiscalización y obtendrán el dinero de la multa.