Una encuesta realizada por Ipsos a más de 24.000 personas en 32 países y encargada por WWF y Plastic Free Foundation, reveló que en promedio el 85% de los encuestados a nivel mundial considera que un tratado global para detener la contaminación por plásticos debería prohibir los plásticos problemáticos de un solo uso, los cuales actualmente representan más del 70% de la contaminación plástica en los océanos.
Entre los países incluidos destaca Chile, en donde un 51% de los consultados estima como “esencial” que las normas globales sobre este tema prohíban los productos de plástico innecesarios de un solo uso, tales como bolsas de compra, cubiertos, tazas y platos. Asimismo, Chile está entre los 12 países que apoyan de forma más consistente y significativa las ocho reglas que se plantean para un tratado global robusto contra la contaminación plástica. Los otros son Argentina, Colombia, Indonesia, Malasia, México, Perú, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Uganda.
“A la luz de esta encuesta, puede destacarse que las personas en Chile están reflejando la experiencia nacional respecto a cómo enfrentar la contaminación por plásticos, donde se ha implementado una línea coherente y progresiva de iniciativas y regulaciones que consideran la prohibición de determinados elementos plásticos”, comenta Mariann Breu, coordinadora senior de Huella Ecológica y Mercados de WWF Chile.
Apoyo consistente
Un estudio de Greenpeace, también publicado esta semana, reveló un apoyo igualmente abrumador sobre la eliminación de los plásticos de un solo uso. Estos resultados son entregados antes de la cuarta y penúltima negociación del tratado global para detener la contaminación por plásticos, que tendrá lugar en Ottawa, Canadá, del 23 al 29 de abril.
En consideración de las más de 430 millones de toneladas de plástico virgen que son producidas cada año, de las cuales el 60% son de un solo uso, y que sólo el 9% de este plástico se recicla actualmente en todo el mundo, la prohibición global de los plásticos de un solo uso considerados innecesarios, evitables y peligrosos, es una de varias medidas urgentes que las personas anhelan ver en el tratado.
Otras prohibiciones que fueron altamente votadas por los encuestados incluyen aquellas dirigidas a productos químicos nocivos utilizados en el plástico (con el apoyo del 90% de los encuestados) y a los productos plásticos que no pueden ser reciclados de forma fácil y segura en los países donde se utilizan (87%).
Mayor rigurosidad en las prohibiciones
Además, los resultados evidenciaron un amplio consenso en torno a la insuficiencia de aplicar solamente prohibiciones para abordar la crisis de contaminación por plásticos. Los encuestados a nivel mundial respaldan firmemente la necesidad de rediseñar el sistema actual de plásticos para asegurar que los residuos puedan ser reutilizados y reciclados de manera segura.
Respecto a temas más específicos, medidas como exigir a los fabricantes que inviertan y proporcionen sistemas de reutilización y de recarga de envases obtuvieron el apoyo del 87% de los encuestados, mientras que el 72% apoyó el establecimiento de garantías para que todos los países accedan a financiación, tecnología y recursos que permitan una transición justa.
En América Latina, ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú fueron consultados, y su apoyo a reglas robustas para un nuevo tratado global se encuentra entre un 88% y un 92%, consistentemente alto con su también alta exposición a los efectos de la crisis de contaminación por plásticos.
Al respecto, María Alejandra González, coordinadora regional política de plásticos para América Latina y el Caribe, indicó que la creciente crisis de contaminación por plásticos exige acciones más allá de las políticas fragmentadas e iniciativas voluntarias ineficaces de las últimas tres décadas. “Los resultados de esta investigación son contundentes para los países de la región, los gobiernos de América Latina deben mantener su ambición y confiar en el apoyo de los ciudadanos para un tratado ambicioso, efectivo y justo”, indicó la experta.
Para acompañar los resultados de esta encuesta, WWF y Plastic Free Foundation desarrollaron la publicación “Mareas Crecientes III: ciudadanos de todo el mundo exigen reglas estrictas para poner fin a la contaminación por plásticos”. Asimismo, los datos completos de la encuesta están disponibles aquí.
Hacia la cuarta negociación global
Tomando en cuenta que queda muy poco tiempo para que los negociadores concluyan un acuerdo significativo (se espera que las negociaciones del tratado terminen a finales de este 2024), los países deben tomar medidas inmediatas para hacer avanzar el proceso de manera decisiva.
Los resultados de la encuesta, que son parte de la tercera ronda de sondeos de opinión pública de Ipsos sobre la acción internacional para abordar la contaminación por plásticos, refuerzan y complementan los resultados de rondas anteriores. Además, muestran un escenario consistente y convincente con ciudadanos de todo el mundo compartiendo una visión única e inquebrantable, que exige a sus gobiernos la adopción de regulaciones vinculantes y aplicables para todas las partes firmantes del tratado global para detener la contaminación por plásticos.
Sin embargo, estos hallazgos contrastan notablemente con los persistentes esfuerzos de un grupo de países productores de petróleo, que buscan demandas poco ambiciosas para debilitar y alterar los objetivos del mandato de la UNEA 5. Este mandato, acordado en marzo de 2022 por 175 países, tiene como objetivo crear el primer tratado internacional y legalmente vinculante para poner fin a la contaminación por plásticos a nivel mundial.
Al entrar en la cuarta y penúltima ronda de negociaciones en abril de 2024 del tratado global para detener la contaminación por plásticos, WWF y Plastic Free Foundation instan a los gobiernos a llegar a un acuerdo sobre regulaciones globales vinculantes que eliminen gradualmente (si no es una prohibición inmediata) las sustancias y productos más peligrosos; diseñar requisitos globales que garanticen que los productos plásticos restantes puedan reutilizarse y reciclarse fácilmente; y establecer mecanismos financieros sólidos para apoyar una transición justa.
