Una mirada a largo plazo sobre la Política Nacional del Litio

La promesa de que el litio nos abrirá las puertas a una economía que frene la crisis climática se enfrenta a la dura realidad de que la explotación del litio genera graves consecuencias para los ecosistemas de donde se extrae este mineral en Sudamérica: los salares.

1
4473
Salar de Llamara, Región de Tarapacá

Por Cristina Dorador, Verónica Molina, Olga Barbosa, Gladys Hayashida, Karina Díaz y Valeska Molina, científicas de agrupación Halófilos


El litio se ha convertido en unos pocos años en un mineral estratégico para el mundo, ya que se considera una de las claves para pasar de una economía basada en el abuso de combustibles fósiles a una basada en la baja o nula emisión de gases de efecto invernadero. El hecho de que Chile sea uno de los tres países con mayores reservas de litio del mundo es un incentivo para explotar este mineral rápidamente —aunque no necesariamente de una forma eficiente— para obtener una ventaja económica por  la creciente demanda de litio a nivel mundial, que, bien sabemos, no es seguro que se mantenga en las próximas décadas, como tampoco es seguro de que su precio siga estando al alza.

No obstante, la promesa de que el litio nos abrirá las puertas a una economía que frene la crisis climática se enfrenta a la dura realidad de que la explotación del litio genera graves consecuencias para los ecosistemas de donde se extrae este mineral en Sudamérica: los salares.

El Artículo 1 del Código de Minería presenta una simplificación extrema al tratar los salares como minas y no como lo que realmente son: humedales. Pero ni la política nacional del litio ni la sociedad en su conjunto pueden cometer ese error. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los salares son ecosistemas  únicos, complejos, que albergan una enorme diversidad de flora, fauna y microorganismos, además de ser sumideros de dióxido de carbono y otros potentes gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, por lo que juegan un papel importante en la regulación del clima local y global.

Sabemos que es difícil frenar la explotación del litio cuando algunos proyectos ya llevan mucho tiempo extrayendo este mineral y vendiéndolo al exterior con gran éxito. Las faenas de SQM y Albemarle en el salar de Atacama produjeron en 2022 alrededor de un 36% de todo el litio mundial y las ventas generan importantes ingresos no solo a las empresas, sino también al Estado de Chile a través de impuestos (aunque el conocimiento público de dichos ingresos ha sido más bien opaco).

Toda esta discusión se ha centrado casi exclusivamente en temas de corto plazo: la creación de una Empresa Nacional del Litio, el marco de la alianza público-privada para la explotación, un rol más protagónico de Codelco y Enami, transparencia en los contratos, mejora del régimen tributario minero e incluso estándares más estrictos para los estudios de impacto ambiental, temas que son de gran relevancia y que, por supuesto, deben ser debatidos y resueltos de la forma más beneficiosa para Chile. Sin embargo, aún faltan dos elementos esenciales: primero, la participación efectiva de las comunidades locales —y, en especial, de las comunidades indígenas, como lo exige el Convenio 169 de la OIT— en estas decisiones industriales que afectan su territorio y amenazan su forma de vida; y segundo, una mirada a largo plazo, que se pregunte qué pasará cuando pase la fiebre del litio y solo nos quedemos con salares destruidos, una empobrecida diversidad biológica, más gases de efecto invernadero y menos fuentes de agua en el desierto más árido del mundo.

Es particularmente sobre el segundo punto que Halófilos desea poner el énfasis. No podemos seguir explotando el litio como si los salares y las comunidades humanas que dependen de ellos tuvieran una importancia menor. Por ello, es necesario establecer límites no solo a la actividad minera, sino también a toda actividad que ponga en peligro estos frágiles ecosistemas, únicos en el mundo, y que apenas hemos empezado a entender.

  1. Los salares necesitan una protección real: resulta incomprensible que la legislación actual permita sin muchos inconvenientes la explotación minera al interior de parques nacionales. Incluso si estas llegaran a prohibirse, las faenas mineras alrededor de sitios protegidos también pueden generar graves impactos en sus ecosistemas (por filtración o derrame de elementos tóxicos, por destrucción de fuentes de agua, etc.). De hecho, hace unos meses LaderaSur dio cuenta de 40 proyectos mineros al interior o en las proximidades de áreas protegidas que las ponen bajo amenaza. Además de una protección real, se deben establecer zonas de mitigación alrededor de las áreas protegidas en las que las actividades industriales sean restringidas y así se evite el daño indirecto a estos ecosistemas.
  2. Se deben transparentar la cadena de producción del litio: es decir, debe conocerse todo el proceso: dónde ha sido explotado, qué aguas se han usado, qué ecosistemas se han dañado y qué consecuencias ha tenido, cómo se ha procesado, cómo se ha transportado hasta su lugar de destino, cuál es la huella de carbono que ha tenido todo el proceso de extracción, procesamiento y transporte del litio. Esta es una forma de generar conciencia del real costo ambiental de obtener minerales destinados a una supuesta «economía verde».
  3. Las fuentes de agua naturales del desierto de Atacama deben ser objeto de protección: las comunidades humanas, la flora, fauna y microorganismos dependen de este escasísimo elemento para subsistir. No podemos permitir que se pongan en riesgo las fuentes de agua del desierto para una actividad industrial que tendrá beneficios solo en el corto o mediano plazo. También se debe entender que el agua de humedales desérticos y salares no es reemplazable por agua dulce traída de plantas desaladoras: la vida de los salares depende de un delicado equilibrio entre microorganismos, sales, minerales y otros factores que solo existen en las aguas naturales de estos ecosistemas.
  4. Los salares menos intervenidos en la actualidad (especialmente los altiplánicos) deben ser protegidos a la brevedad y debe frenarse cualquier intento de explotación industrial en ellos: su protección y estudio permitirá que se conviertan en refugio de la biodiversidad del desierto.
  5. Se deben crear zonas de protección especial que sirvan de refugio climático y de biodiversidad.
  6. Debe crearse una comisión asesora territorial y científica que tenga influencia real sobre la toma de decisiones en materia ambiental para la zona Norte de Chile: una comisión de este tipo deberá ser integrada por académicas y académicos de diversas disciplinas que, de preferencia, vivan y trabajen en el Norte y se hayan especializado en el estudio de los salares y su entorno (biología, geología, climatología, antropología, arqueología, microbiología, astrobiología, entre muchas otras), y por representantes de las comunidades que habitan el territorio, en especial por las comunidades indígenas. Esta comisión tendrá por misión determinar protocolos de explotación, delimitar territorios protegidos y zonas de mitigación, ayudar en la creación de normas para que el turismo tenga un impacto mínimo en las áreas protegidas y en la forma de vida de las comunidades humanas, y establecer protocolos para el estudio y toma de muestras para investigación científica de los salares (ya que la investigación científica también genera huellas y no podemos permitir que investigadores extranjeros se lleven toneladas y toneladas de muestras a otros países, sin considerar el impacto que esto tiene en los ecosistemas desérticos).
  7. Se deben explorar otras formas de desarrollo industrial que no impliquen simplemente destruir ecosistemas para extraer sus minerales: los salares, con su enorme diversidad microbiana, presentan una enorme oportunidad para la industria farmacológica y biotecnológica. Hay microorganismos con potencial de convertirse en antibióticos de nueva generación, microorganismos que pueden ayudar a crear plásticos biodegradables o que podrían dar claves para la supervivencia en ambientes con elevados niveles de arsénico y otros elementos tóxicos. Una industria biotecnológica y farmacológica derivada del estudio respetuoso de los salares tiene una proyección a largo plazo de la que carece la explotación minera, pero depende de que estos ecosistemas sean protegidos a la brevedad posible, antes de que estos microorganismos únicos se degraden o se pierdan.

En resumen, la protección de los salares es un deber intergeneracional que no puede ser supeditado al beneficio cortoplacista de la venta de un mineral con un futuro incierto. Chile recientemente suscribió el acuerdo de Escazú que establece, entre muchos otros puntos, «la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible». Los salares no son solo minas o zonas de sacrificio que pueden explotarse sin consecuencias: son la reserva de agua del desierto y del altiplano, y el lugar de mayor biodiversidad del Norte continental de Chile.

Aunque tratamos de olvidarlo, los seres humanos vivimos de forma simbiótica con la naturaleza: dependemos de ella para subsistir y, por lo tanto, tenemos el deber de protegerla. El crecimiento económico, que tanto nos ha obnubilado en las últimas décadas, depende de una explotación indiscriminada de los ecosistemas que ha puesto en jaque no solo el clima, sino la biodiversidad planetaria.

Estamos en un momento histórico, en el que Chile puede dar el ejemplo de cómo transitar de una economía basada en la destrucción a una economía sostenida en la protección. Pero, para ello, debemos dejar de pensar como lo hemos hecho, sin escuchar al territorio y las diversidades, y empezar a pensar desde los conocimientos científicos y los conocimientos ancestrales que han sido parte de la cultura del desierto desde hace siglos.


Esta columna fue redactada por las siguientes científicas de la agrupación Halófilos:

Cristina Dorador

Doctora en Microbiología

Académica de la Universidad de Antofagasta

Verónica Molina

Doctora en Oceanografía

Académica de la Universidad de Playa Ancha

Directora Alterna del HUB Ambiental UPLA

Olga Barbosa

Doctora en Ecología

Académica de la Universidad Austral de Chile

Investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad

Gladys Hayashida

Doctora en Ciencias Biológicas mención Biología Celular y Molecular

Directora Ejecutiva del Centro de Divulgación de Ciencias Extremas (CDICE) de la Universidad de Antofagasta

Karina Díaz

Bióloga, investigadora en microalgas del fitoplancton y fitobentos

Valeska Molina

Investigadora en astrobiología

Universidad de Antofagasta

1 COMENTARIO

  1. Felicitaciones por la preocupación por los ecosistemas tan desconocidos y sensibles, que nadie ve desde el centro del país.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Ingrese su nombre aquí