Presupuesto 2023: gobierno disminuye aporte fiscal para áreas protegidas

De acuerdo a un documento de la Fundación Terram, la primera propuesta presupuestaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric, reduce en un 21% el aporte fiscal para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

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Hace unas semanas, la Fundación Terram presentó un análisis en el que advierte que la primera propuesta presupuestaria del actual gobierno -donde se mantiene la estrategia de autofinanciamiento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), a través de las visitas turísticas- disminuiría en un 21% el aporte fiscal, comparado con el 2022, lo que implica que se cubriría solo 53% del gasto en personal del SNASPE.

La propuesta del Presupuesto 2023, para las áreas protegidas públicas se distribuye en áreas terrestres y marítimas. Por un lado, quien concentra el 98% del SNASPE, el cual agrupa las áreas terrestres y es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), asciende a $19.045 millones de pesos de ingresos totales, lo que equivale a una disminución de 21% en relación al presente año. “El aporte fiscal alcanza los $ 8.109 millones, lo que presenta una caída en un 25%, respecto del año anterior, la que también se convierte en la mayor disminución de este aporte desde el 2009”, indica el documento. 

Los ingresos del presupuesto del SNASPE se componen de dos ítems: el aporte fiscal y los ingresos de operación, generados por la asistencia de visitantes a las distintas áreas protegidas, lo cual se ha visto afectado los últimos años producto de la pandemia del Covid-19.

Para Cristopher Toledo, economista de Fundación Terram y autor del documento, “el aporte fiscal propuesto alcanza a cubrir solo el 53% del gasto en personal, muy por debajo de la media de los  últimos 10 años. Así, un componente fundamental, como lo es el personal encargado del mantenimiento, administración y gestión de las áreas protegidas, no está asegurado por el aporte fiscal y debe ser complementado con los ingresos de operación, los cuales son cambiantes, ya que dependen de la venta de entradas de unas pocas unidades del sistema”.

Por su parte, los ingresos de operación, que ascienden a $10.855 millones, muestran una caída de un 10%, respecto del año 2022. “Es así como para el próximo año se propone profundizar la disminución del aporte fiscal, el que representa solo un 43% del total del presupuesto, manteniendo una alta dependencia de los ingresos operacionales con un 57%”, señala el análisis.

Por otro lado, el financiamiento para las áreas marinas protegidas se distribuye en la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Economía, y en el Instituto Antártico Chileno, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para 2023, el gobierno plantea mantener el presupuesto actual en materia de áreas marinas protegidas, el cual asciende a $415 millones de pesos a distribuir entre las 147 millones de hectáreas declaradas bajo protección oficial, equivalente a solo $2,8 al año por cada hectárea bajo protección, lo cual representa solo el 2% del total de recursos destinados a las áreas protegidas del país.

“Desde Fundación Terram nos parece que el Estado debe asumir un mayor compromiso con la administración y gestión de las áreas protegidas, y eso se hace no solo aumentando la superficie de ellas, sino también con recursos. Lamentablemente esta primera propuesta de presupuesto del actual gobierno se contradice con sus propias declaraciones en relación a proclamarse como el primer gobierno ecológico con foco en la protección de la biodiversidad y los océanos”, sostuvo Toledo.

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