El 20 de octubre, se realizó la segunda audiencia en la comisión que revisa la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, con el fin de incrementar las pruebas que debe acumular la instancia para luego ser despachada, según se apruebe o rechace, en la Cámara de Diputados y Diputadas.
La convocatoria esta jornada fue para la actual ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, las exautoridades de ese ministerio, Marcelo Mena y Marcela Cubillos; el director de National Geographic, Alex Muñoz; la vicepresidenta de la ONG Oceana, Liesbeth Van Der Meer; y el director nacional de Greenpeace, Matías Asún. No obstante, los últimos tres miembros señalados, y la convencional constituyente, no pudieron asistir por agenda incompatible. A su vez, Muñoz pidió exponer en otra audiencia que ofrezca la instancia.
El exfiscal a cargo del caso Exalmar, Manuel Guerra, desestimó su participación definitiva. “No es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del Señor Piñera Echenique, la cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es objeto de la actual indagación por la Comisión de la Honorable Cámara de Diputados, no pareciendo adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza “.
En cuanto a la comisión, esta escuchó la intervención de la actual ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien dio antecedentes de la aprobación de Dominga, evidenciando los cinco recursos de reclamación que se hicieron llegar al Comité de Ministros, posterior a que la Comisión Ambiental de la Región de Coquimbo rechazara el proyecto en 2017, uno proveniente del titular de la empresa y otros cuatro ciudadanos observadores. “El Comité de Ministros el año 2017 resolvió en votación muy dividida rechazar la reclamación del titular y acogió parcialmente los recursos de los observantes de la participación ciudadana, manteniendo el rechazo al proyecto de Dominga”.
Además, la ministra recalcó que la mesa de ministros fue controversial, concluyendo en las renuncias del ministro de Hacienda de esa época, Rodrigo Valdés, el ministro de Economía, Luis Céspedes, y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Esta resolución fue reclamada frente al Tribunal Ambiental de Antofagasta, y para el 27 de abril del 2018 la instancia acogió la reclamación, estableciendo como resultado que existen problemas en la forma de evaluación llevada a cabo por el Comité de Ministros, revocando su rechazo. Posteriormente, el Tribunal Ambiental ordenó retrotraer la evaluación que se había llevado a cabo en el proyecto. Lo anterior, fue el motivo por el cual Schmidt apuntó a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) debía estar obligada a declarar sobre el proyecto de Andes Iron, tras presentarse una solicitud de cumplimiento de dicha sentencia.
“¿Por qué el apuro? Que es algo que me han preguntado si todavía existían otros recursos frente a la Corte Suprema y aquí quiero ser muy clara: la Comisión Regional de Coquimbo estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto de Dominga, ya que se vencían los plazos legales para ello, al haber sido solicitado formalmente el cumplimiento de la sentencia ante el Tribunal Ambiental (…) Las partes involucradas no presentaron una solicitud de suspensión de cumplimiento del fallo que hubiese sido la única forma de eximir al Coeva regional de la obligación de pronunciarse hasta que se revisaran las nuevas reclamaciones de la Corte Suprema”, señaló Schmidt.
Para finalizar la intervención de la ministra, se le consultó sobre qué opinión tiene respecto a Dominga, ante lo cual dejó en claro que ella no puede pronunciarse al respecto, debido a que podría quedar inhabilitada en caso de que el proceso se llevase a un Comité de Ministros. No obstante, puntualizó que existe una zona de alto valor marítimo en la Higuera, y considera que debe protegerse de diversas maneras con el fin de permitir su resguardo. Respecto a por qué el Ejecutivo no presentó en dos oportunidades recursos de casación (anulación de una sentencia), afirmó que dicha decisión no fue llevada a cabo durante su administración ministerial.
Luego de esta intervención, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, expuso detalladamente los avances en materia de protecciones de zonas marítimas llevado a cabo por la administración de Michelle Bachelet. Respecto al polígono que se encuentra en la comuna de la Higuera, destacó que, si bien existió un acuerdo en el Consejo de Ministros para aprobar el decreto que buscaba proteger la zona, entre los gabinetes no se llegó a un consenso. “El Ministerio de Economía quería proteger una fracción menor y no queríamos aprobar algo que no protegiera realmente la zona y dejamos para el próximo gobierno este proceso, entendiendo también que, habiendo sido incluso firmado, se podría haber terminado el trámite al retirar de Contraloría y modificar el decreto como ocurrió en otros casos”.
A través de sus redes sociales, Marcelo Mena reafirmó que fata un decreto por firmar:
Respecto a Dominga, Mena señaló que el proyecto ha tenido siempre observaciones del tipo estructural según la Conaf, el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile (SHOA), y la Subsecretaría de la Pesca, elemento que permite al Servicio de Evaluación Ambiental, calificar el proyecto de manera desfavorable. “En el momento que el gobierno no defiende el actuar del Comité de Ministros, tácitamente muestra su apoyo al proyecto Dominga y, por tanto, dejó en esa decisión en desamparo a las comunidades y quienes tuvieron que defender los recursos de casación posteriores y ante el Tribunal Ambiental, el rechazo de Dominga como tal”.
En cuanto al Acuerdo de Escazú, según Marcelo Mena, la no suscripción no tiene suficiente relación con lo que sucedió en Dominga. Sin embargo, señaló que es una tremenda contradicción por parte del gobierno, el hecho de no ratificar una iniciativa que promovió a nivel internacional. “Solo los Trump y los Bolsonaro hacen giros en 180 grados en política exterior”. Además, concluyó que la construcción de Dominga significa una “amenaza de una nueva zona de sacrificio”.
