En los últimos años se ha producido un incremento alarmante en la cantidad de incendios forestales. De acuerdo a las estadísticas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la temporada 2019-2020, registró la mayor cantidad de esta clase de siniestros desde los años 1984-1985, con un total de 8.127, ocupando, además, el cuarto lugar histórico en hectáreas afectadas, con un total de 102.291,67. Al efecto, resulta ilustrativo comparar algunas cifras que periódicamente se actualizan en el portal web de Conaf: a mediados del mes de noviembre de 2020, se han registrado cerca de 1.040 incendios forestales, lo que representa un incremento de aproximadamente 80% en relación a los últimos cinco años.
El detalle por zona geográfica no es alentador. En la actualidad, hay ciertas regiones especialmente vulnerables, cuyo incremento en la siniestralidad es exponencial. Así, por ejemplo, las regiones del Maule, Ñúble, Bío Bío y La Araucanía, registran aumentos sustanciales en relación al último quinquenio: cerca de 90%, 280%, 240% y 200% de aumento, respectivamente.
En cuanto a las causas, en la última temporada 2019-2020, los incendios por causas intencionales superaron a los accidentales, alcanzando un preocupante porcentaje cercano al 50% de incidencia, rompiendo la preeminencia histórica de los segundos.
En este contexto, considerando la extensión geográfica y temporal de los incendios forestales, nos parece importante destacar algunas de las consecuencias que se derivan para el servicio público eléctrico. En primer lugar, es habitual que a causa de estos siniestros se produzca un daño a las instalaciones eléctricas, afectándose con ello a la población mediante la interrupción o menoscabo de la calidad y continuidad del suministro, que es precisamente uno de los fines y estándares principales del sector. En segundo lugar, es fundamental que los organismos sectoriales procuren coordinarse a fin de asegurar que el servicio público eléctrico no se vea afectado con ocasión de la dispersa regulación y fiscalización existente en materia de incendios forestales. En tercer lugar, a propósito de la regulación tarifaria cuatrianual, sería conveniente que en ella se consideren y reflejen adecuadamente las actividades asociadas al plan anual de mantención -y planes de acción- que las empresas eléctricas deben coordinar y ejecutar para la adecuada prestación del servicio público. En cuarto lugar, sin perjuicio de las actividades propias de mantención de las instalaciones, es preciso que la autoridad sectorial no imponga o densifique arbitrariamente las cargas y obligaciones para las empresas del sector en su relación con los particulares que realizan actividades forestales o agrícolas, en términos tales de distorsionar la finalidad del servicio público, imponiendo, adicionalmente, una suerte de giro complementario para las empresas, dado por el aseo y ornato forestal que se debe ejecutar en directo beneficio de quienes realizan tales actividades productivas y comerciales (básicamente los dueños de los árboles). En tal sentido, es de meridiana claridad -aunque a veces se intente pasar por alto- que los dueños de los árboles tienen un deber primario de mantención, conforme lo dispone el artículo 111 N° 5 del Reglamento de Corrientes Fuertes. Sostener lo contrario implicaría razonar bajo un estándar operacional ilusorio, centrado ya no en la calidad y continuidad del suministro sino en una ampliación arbitraria del objetivo y función pública del sector eléctrico. En quinto lugar, relacionado con todo lo anterior, es nuestro parecer que las empresas eléctricas debieran contar con un apoyo decidido de la autoridad sectorial en caso de oposición de particulares a las labores de roce y mantención del tendido, debiendo el órgano administrativo definir una política de fiscalización dirigida tanto a las empresas eléctricas como a los particulares.
El actual escenario en la materia exige compromisos y esfuerzos adicionales en la prevención y combate de los incendios forestales. La actuación coordinada de todos los actores debe ser necesariamente acompañada de una regulación precisa y actualizada, que permita una colaboración eficaz y no tergiverse las funciones que corresponde a la autoridad y a los privados.
