La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) establece requisitos para que las concesiones salmoneras mantengan vigencia. Una de ellas es que los centros de cultivo de salmones no suspendan operaciones por más de dos años consecutivos, permitiendo incluso a sus titulares solicitar una ampliación de plazo de dicha suspensión de actividades, para así evitar incurrir en causal de caducidad.
Según una minuta publicada por Fundación Terram, seis concesiones salmoneras ubicadas al interior de parques nacionales se encontrarían en causal de caducidad por haber suspendido operaciones por más de dos años, sin haber solicitado oportunamente una ampliación de plazo de paralización de actividades a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA).
Dos de las concesiones se ubican en el Parque Nacional Laguna San Rafael en la Región de Aysén, y pertenecen a la empresa Cooke Aquaculture. Según el documento, basado en información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la SSFFAA obtenida por Ley de Transparencia, la empresa pidió una ampliación de plazo a la SSFFAA después de seis años de haber suspendido operaciones en ambos centros. Pese a ello, la SSFFAA no los caducó, permitiendo que en junio de 2022 la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) aprobara su relocalización, fuera del área protegida.
Sumado a lo anterior, la minuta señala que, de acuerdo a la información disponible en las plataformas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ambos centros no contarían con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En la misma situación se encontraría un centro de cultivo de la empresa AquaChile -la mayor productora de salmón del país y parte del holding Agrosuper-, quien de acuerdo a los datos de la SSFFAA solicitó ampliación de plazo para suspender operaciones recién después de ocho años de encontrarse inactivo. Pese a lo anterior, dicho organismo no caducó la concesión, lo cual podría permitir que, al igual que en los casos de Cooke Aquaculture, la Subpesca termine por autorizar su relocalización actualmente en trámite.
Para Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y el autor del documento, “estas situaciones son graves, por lo cual se debe hacer cumplir la ley caducando las concesiones que corresponda, ya que de lo contrario se sigue aumentando la presión sobre ecosistemas marinos que el propio Estado declaró bajo protección oficial, y en los que la propia ley prohíbe el desarrollo de la salmonicultura”.
Por su parte, la empresa Nova Austral, que registra un largo historial de incumplimientos ambientales, es la titular de tres concesiones que suspendieron operaciones por más de dos años sin solicitar oportunamente una ampliación de plazo a la SSFFAA, todas ubicadas en el Parque Nacional Alberto de Agostini en la Región de Magallanes.
Además de estos seis centros, según el documento de Fundación Terram habría otros dos centros de cultivo cuya situación reviste de mayor complejidad, por lo cual recomienda a los organismos competentes una revisión más detallada para corroborar la posible caducidad de sus concesiones.
Entre otras recomendaciones, la minuta plantea “que la Subpesca no apruebe nuevos proyectos de relocalización en trámite mientras no se resuelva la situación legal de los casos aquí expuestos, tanto por incurrir en causal de caducidad, como también por eludir la evaluación ambiental, si así correspondiera”.
