De seguro todas las personas, en algún momento de su vida, utilizaron el dicho “más vale prevenir que lamentar” para hacer referencia a la comportarse con cierta mesura antes de tener que lamentar algún desenlace inoportuno.
Y, en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en medio de una pandemia y una crisis climática, la frase viene como anillo al dedo. En estos últimos casi dos años nos ha tocado aprender a prevenir de la manera más obligada posible. Nada más ni nada menos que un virus que se pasea, contagia y -lamentablemente- mata a millones de personas en todos los rincones del mundo nos ha enseñado a usar mascarillas, mantener la distancia y lavarnos recurrentemente las manos, entre otras (conoce las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el covid-19 aquí). Mejor prevenir que lamentar.
Y esto es algo que nos ha costado, como sociedad, llevar a la práctica en cuanto a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. La mayoría de los países han actuado y actúan de forma reactiva antes que preventiva. Pareciera que frente a los efectos de la emergencia climática los estados están preparados para curar (o lamentar) más que prevenir.
Así, se transforma en un enorme desafío incorporar la adaptación y la resiliencia a los compromisos climáticos y políticas públicas. Y Chile no ha sido la excepción. Ayer, 12 de octubre, se aprobó en la Sala del Senado el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, luego de casi dos años en tramitación. Con este hito, el proyecto pasa a su segundo trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas. De promulgarse la ley, Chile tendría un marco legal para hacer frente a la crisis climática y, entre otras cosas, la meta de carbono neutralidad al 2050 sería vinculante.
Esta meta que, si bien es importantísima, refleja el espíritu del proyecto: la mitigación. En un país sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, urge desarrollar políticas públicas, movilizar financiamiento y educar a la población hacia la resiliencia. Frente a una serie de fenómenos extremos que ya se han comenzado a vivir en los diferentes territorios del país (y la región latinoamericana) se hace imperante que aprendamos a prevenir y reduzcamos las posibilidades de riesgos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los costos de adaptación que enfrentan los países en desarrollo estarán en un rango de $140-$300 mil millones de dólares por año para 2030, y de $280 -$500 mil millones anuales para 2050. Pero, los beneficios de las inversiones serían muchísimo mayores: la transición hacia una economía resiliente podría generar una ganancias de 26 billones de dólares hasta 2030 respecto al escenario actual.
Prevenir debe dejar de verse como algo aburrido o caro, y debe comenzar a verse como una forma de desarrollo en estos días. Prevención, resiliencia y adaptación no solo nos permitirán generar ingresos, sino que -más importante aún- evitar muertes, desigualdad, enfermedades y pérdidas.
Prevenir ya no es un gasto extra; es una inversión. Y, probablemente, la mejor inversión de este siglo.
