La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos.
El reporte del organismo internacional señala que el país enfrenta una grave y profunda crisis que exige mejorar la distribución y la calidad del agua; reforzar su gobernanza y se recomienda, entre otras propuestas, llevar a cabo una reforma integral de la asignación de agua con el fin de evitar la sobreexplotación y la entrega excesiva de cuotas de la misma. Al mismo tiempo, se plantea estudiar la posibilidad de definir los derechos de agua como parte de los recursos disponibles.
Las observaciones se deben analizar en un contexto que muestra que existen numerosas causas que impiden avanzar en este ámbito.
Por una parte, la institucionalidad hídrica existente en Chile está tocando su techo y no es mucho más lo que se puede hacer. A esto se suma que estamos en un entrampamiento por una visión “política ecológica” de un sector la que tiene un fundamento ambiental, científico, político y social. Esta mirada se debe implementar en el marco de un modelo económico de mercado que beneficia la eficiencia financiera, entendida como la maximización de las utilidades.
Ambas posiciones se contraponen. La postura economicista y extractiva es una amenaza para la naturaleza y la convivencia del humano con el medio ambiente. En contraposición, la tendencia ecológica fundamentalista atenta contra el negocio, aumenta los costos y la burocracia, afectando negativamente las utilidades.
Salir de este escenario no es fácil: la mayor parte de las observaciones requieren de decisiones políticas, entendiendo aquello como lograr los acuerdos de mayorías que permitan tomar decisiones y tener una gestión sustentable, sobrepasando los distintos gobiernos.
En este sentido, el ambiente político del país aún no logra contar con mayorías permanentes, de modo que los cambios están paralizados o son realizados con débiles mayorías coyunturales, impidiendo avances sustantivos.
Considero que la falta de voluntad de los distintos gobiernos se ha expresado en la carencia de un liderazgo político e institucional robusto por parte del Estado que se haga cargo del diálogo público-privado -y con la sociedad civil, con el fin de lograr acuerdos estratégicos compartidos.
La idea sería diseñar una política pública que de origen a una hoja de ruta con incentivos y desincentivos adecuados para los distintos actores y un plan de inversiones, de modo de legitimar un proceso de transición hídrica o ambiental.
No podemos avanzar si no tomamos decisiones basadas en acuerdos con los involucrados con el agua. No basta un Congreso que está dividido; es el Ejecutivo quién debe presentar propuestas consensuadas con la comunidad al Poder Legislativo, con el fin de dar respuestas concretas ante la urgencia.
