Los cambios institucionales del sector ambiental, que comenzaron a concretarse en enero de 2010 con el nombramiento de la primera ministra sectorial, han generado alteraciones concretas en la gestión de los temas vinculados a la materia, mucho más allá de lo que puede significar el reemplazo de un ente coordinador, como era Conama, por un ministerio. La creación de una Superintendencia del Medio Ambiente, con un rol eminentemente fiscalizador, y del Servicio de Evaluación Ambiental, en el que recae el análisis técnico de los proyectos, configuran una estructura mucho más compleja, que ha evidenciado algunas modificaciones, principalmente en la revisión y posterior fiscalización de las iniciativas presentadas a evaluación ambiental.
En este contexto, sumado a un creciente escrutinio ciudadano, a las empresas consultoras les recae la responsabilidad de “saber” transmitir estas nuevas exigencias a la realidad de los proyectos. Sebastián Aguilera, director ejecutivo de ICNOVA ING Consultores, explica que se han registrado cambios que apuntan a estructurar de mejor manera la evaluación ambiental de los proyectos, de manera que estos cumplan con los nuevos estándares: “el número de proyectos no admitidos a tramitación muestra la preocupación del Estado porque cada iniciativa conozca e informe acerca de los verdaderos impactos que tendrá sobre el ambiente”.
Entonces, ¿considera positivo los cambios institucionales que se realizaron junto con la creación del Ministerio?
SA.: Sí, desde el momento en que podemos ver acciones más coordinadas de las políticas gubernamentales en materias ambientales. Los servicios que evalúan sectorialmente se manejan en torno a una estructura común, por lo que esperamos que la institucionalidad ambiental avance en el sentido de establecer criterios consensuados que permitan abordar con mayor claridad un proyecto, respecto de las nuevas exigencias ambientales.
Los inversionistas y nosotros como consultores históricamente hemos tenido que enfrentar el problema de la disparidad de criterios con que se evalúan los proyectos. Ahora vemos que se están realizando esfuerzos importantes en ese sentido.
GS.: (Gabriela Silva, coordinadora de Medio Ambiente de ICNOVA ING). En la medida en que primen aspectos técnicos y en que la autoridad competente establezca los lineamientos temáticos, a través de la elaboración de guías metodológicas, junto con el fortalecimiento de la participación ciudadana, (ahora también presente en algunas declaraciones de impacto ambiental), la evaluación ambiental responde de mejor manera a los estándares que deben cumplir los proyectos una vez que se materialicen.
Hasta la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, un proyecto aprobado por el sistema enfrentaba, ya en su operación, la fiscalización de los organismos sectoriales, en materias no necesariamente asociadas a las condiciones de aprobación del mismo. Hoy, el trabajo de la Superintendencia se asocia al seguimiento de las aprobaciones ambientales, lo que requiere de mayores estándares en las etapas iniciales de análisis y evaluación de los proyectos.
Pero llama la atención que cada vez entran más proyectos como declaración de impacto ambiental –supuestamente menos exigentes- y son muy pocos los estudios de impacto ambiental…
GS.: Éste es un fenómeno que se venía dando ya previo al cambio institucional, que se manifiesta en el aumento de las exigencias a las declaraciones de impacto ambiental. Hoy una DIA puede abarcar casi los mismos contenidos que un EIA; es por esto que ingresan en mayor cantidad al sistema. Y es razonable que así sea, ya que si un proyecto va a declarar que no genera impactos o que éstos son muy acotados, necesariamente debe realizar una línea base robusta para poder ratificarlo con propiedad y fundamento, por lo que debe hacer todos los estudios necesarios para que la autoridad pueda evaluar correctamente. Aunque siguen existiendo diferencias importantes entre las dos figuras –DIA y EIA- tal vez en el futuro sería posible pensar en un único objeto de evaluación, que sea capaz de profundizar en determinadas áreas, dependiendo de la complejidad del proyecto.
¿Y qué ocurre con el gran número de iniciativas que no están siendo admitidas a tramitación?
SA.: Hoy observamos una mayor coordinación entre las distintas instituciones y sus exigencias, lo que da cuenta que el Estado está mirando de cerca cada proyecto y luego manda la señal de que para evaluar necesita información más robusta. Históricamente vimos muchos proyectos que eran ingresados con deficiencias importantes de información, materias que eran subsanadas luego con la presentación de innumerables Adendas. Hoy el estándar de entrada es más alto, lo que va en beneficio de las etapas posteriores de evaluación y de sus resultados.
¿En este escenario, qué papel cumplen los consultores?
GS.: Los consultores actuamos como articuladores, somos coordinadores entre estas nuevas exigencias y los proyectos de nuestros clientes. Es un desafío estar atentos a este escenario cambiante, que probablemente se va a seguir modificando.
SA.: Ya no es sólo el trabajo de un equipo técnico, aislado del escenario en el que se desarrollará un proyecto; tenemos que analizar e interpretar la normativa, conocer los intereses de las comunidades, prever la vulnerabilidad futura de los recursos naturales, trabajar coordinadamente con los departamentos de Ingeniería, de manera de asegurar que un proyecto, bajo una mirada integral, no solo sea aprobado ambientalmente, sino que pueda permanecer en el tiempo con el mínimo de inconvenientes, por lo menos los que puedan ser corregidos en esta etapa inicial.
Intentamos que el inversionista vea esta instancia como una oportunidad para perfeccionar su proyecto, de modo de guiarlo hacia un diseño sustentable, y no simplemente como uno más de los trámites legales que se deben superar para poder construir.
GS.: En efecto, como consultores no podemos ver un proyecto fragmentado, como una sumatoria de distintas actividades. Nuestra misión es lograr dar un enfoque integral de todos los componentes, de manera de lograr la aprobación de los proyectos, considerando siempre dar una adecuada retroalimentación, que signifique una “conversación” con la realidad social, política y ambiental en que se desarrollará cada iniciativa.
Como empresa, en los proyectos de mayor complejidad, recomendamos a nuestros clientes realizar un diagnóstico previo, conocido como “Screening” o “Estudio de Pre Factibilidad”, de modo de poder identificar temas sensibles o detectar posibles dificultades en forma temprana, antes de que el cliente se comprometa con mayores gastos en estudios y cuando aún hay posibilidad de modificar aspectos del diseño de un proyecto. Como consultores tenemos el deber de ofrecer soluciones reales para escenarios fluctuantes.
