La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -el máximo tribunal de derechos humanos de las Américas- estableció que los gobiernos deben actuar sin demora para garantizar un clima estable y un ambiente sano, dejando en claro que la protección de los derechos humanos frente al cambio climático es una obligación prioritaria e ineludible para los Estados.
Del mismo modo, estableció que las empresas tienen responsabilidades frente al cambio climático y sus efectos sobre los derechos humanos, situando los derechos de las personas, la naturaleza y las futuras generaciones por encima de los intereses económicos que han contribuido a la crisis climática.
Se trata de un pronunciamiento histórico, resultado de la solicitud presentada por Colombia y Chile en 2023, que marca un precedente en la región al establecer directrices claras sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática y su impacto en la vida, salud, agua, alimentación, vivienda, cultura y otros derechos humanos. Esta decisión se fundamenta en evidencia científica clara que demuestra que las actividades humanas, especialmente el uso de combustibles fósiles y la deforestación, están generando impactos que vulneran derechos fundamentales.
“El mensaje es claro: los Estados tienen una obligación legal de proteger nuestro futuro. Desde Greenpeace consideramos esta decisión, sin precedentes, como una herramienta poderosa para elevar el estándar de responsabilidad de los Estados y empresas y fortalecer la acción climática con un enfoque de justicia y derechos. La corte lo fue clara: se acabó la inacción, es momento de políticas públicas concretas, ambiciosas y con enfoque de derechos humanos”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de Campañas en Greenpeace Andino.
Rol de la sociedad civil
Uno de los aportes más relevantes de este proceso ha sido el rol central de la sociedad civil. Con 265 observaciones escritas y más de 150 intervenciones orales, esta Opinión Consultiva ha sido la más participativa en la historia del Tribunal. Organizaciones, movimientos sociales y comunidades directamente afectadas presentaron argumentos legales, científicos y testimoniales que han enriquecido el proceso y garantizado que el derecho internacional se construya desde los territorios, no sólo desde los escritorios del poder.
La Corte también reconoció el derecho de la naturaleza y de los ecosistemas a mantener sus procesos ecológicos esenciales, un avance clave para América Latina y el Caribe, una de las regiones más biodiversas del planeta. Este enfoque será fundamental para enfrentar la triple crisis planetaria y avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete los límites del planeta y garantice los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Además, la resolución se alinea con los principios de la Declaración de Manaos, reforzando la protección de ecosistemas clave como la Amazonía, los glaciares y los océanos; la garantía de los derechos de los pueblos indígenas; y la promoción de soluciones basadas en justicia climática y social. También obliga a los gobiernos a asegurar el acceso a la justicia, a la información y a mecanismos de reparación cuando las comunidades sufren daños climáticos.
Crisis climática y derechos humanos
Este pronunciamiento marca un punto de inflexión al reconocer el vínculo entre la crisis climática y los derechos humanos. Es una herramienta poderosa para fortalecer el litigio climático, orientar la política pública y servir de guía tanto para los Estados como para la ciudadanía. A su vez, aclara y refuerza obligaciones ya existentes en materia de derechos humanos, elevando los estándares de responsabilidad de los Estados y las empresas frente a las consecuencias del cambio climático.
Para Roxana Núñez, abogada y encargada de incidencia en Greenpeace Andino, esta decisión adquiere especial relevancia en América Latina: “Las Opiniones Consultivas de la Corte IDH desempeñan un papel fundamental en la interpretación y definición del alcance de las obligaciones jurídicas de los Estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. No sólo contribuyen al desarrollo normativo regional, sino que también pueden impulsar mayor ambición en las políticas públicas e influir en otros tribunales a nivel global”.
La decisión también destaca los impactos diferenciados del cambio climático en la región. “Se pone en relieve la especial vulnerabilidad de muchas comunidades, determinada por factores como la ubicación geográfica, el clima, las condiciones socioeconómicas, el género, la edad y la raza. Reconocer estas desigualdades es esencial para avanzar hacia una justicia climática efectiva y con enfoque de derechos humanos”, puntualizó, por su parte, Laura Caicedo.
