A siete años de creada la institucionalidad ambiental chilena, que además de un ministerio, generó los tribunales ambientales, la superintendencia y el servicio de evaluación ambiental, un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica identifica algunos déficits y desafíos de este marco legal, debido a dificultades «que persisten y se han agudizado»
Estos vacíos se han visto ejemplificados, señala su autor, el doctor en gestión ambiental, paisaje y geografía del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, Kay Bergamini, en la reciente polémica por la aprobación de una nueva planta de residuos industriales en Tiltil.
A juicio de Bergamini, el sistema ha ido construyéndose a partir de «parches», por el cumplimiento de diversos acuerdos firmados por el país, pero sin definir claramente temas como la fiscalización y la planificación territorial. Lo último, dice, quedó en evidencia en Tiltil.
«El proyecto se evaluó y se aprobó bien; no se pueden hacer mayores reparos al proceso, pero no hay buenos mecanismos de ordenamiento territorial que puedan definir zonificaciones que a la larga disminuyan los conflictos. El Estado debiese ser el garante de diálogos previos. Esto se vio también con los cerdos de Freirina: finalmente la planta se fue, se generó el desempleo y todos perdieron».
El especialista cuestiona que hoy todo se basa demasiado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que autoriza o rechaza los proyectos, pero que se ha transformado en un fusible de problemas, sin que se aborden los planes reguladores o se profundice en nuevas normas de calidad para hacer efectivas las evaluaciones. «Solo hay de aire, algunas de agua. En suelo no hay ninguna y la ley dice que no hay contaminación ni hay norma. Eso se manifiesta en Tiltil».
Por otra parte, Bergamini es crítico de la figura del consejo de ministros para la sustentabilidad. «Existiendo un tribunal ambiental, no se justifica, porque solo dilata más los procesos».
El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, defiende el sistema, pero dice que uno de sus principales problemas es que se centra en proyectos nuevos, «cuando algunas veces las falencias radican en el pasado, en lo que no se reguló».
Además, Mena sostiene que una falta es que los proyectos se evalúan «caso a caso y la mirada más integral solamente se está empezando a implementar con la evaluación ambiental estratégica (…). Los instrumentos más grandes, como un plan regulador metropolitano de Santiago, han carecido de esta mirada más integral ambiental».
Añade que una de las lecciones que deja el caso de Tiltil es que la ausencia de regulación es lo que genera conflictos ambientales. «No significa que los problemas desaparezcan, sino que simplemente se postergan y terminan explotando décadas después, por no haber tenido una mirada más crítica», expresa Mena.
El ex subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez asevera que se requiere una mayor coordinación entre la planificación urbana y el sistema de evaluación. «Si se destina una zona para que reciba estos proyectos, debe haber beneficios asociados o derechamente, no permitir que viva población en una zona». Agrega que con el sistema actual, «el último proyecto paga los costos por los anteriores».
