Chile ha construido una política de electromovilidad con una continuidad poco frecuente en materia pública. Desde la primera estrategia de 2017 hasta la actualización 2021, el país fue instalando una idea clara: el transporte debe dejar de depender casi completamente del petróleo importado y avanzar hacia tecnologías más limpias, eficientes y coherentes con una matriz eléctrica cada vez más renovable. La nueva Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030 confirma esa trayectoria y, acertadamente, mantiene la meta de que al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos sean cero emisiones.
El principal mérito de esta actualización es que aterriza la discusión. Ya no basta con decir que la electromovilidad es deseable; ahora el desafío es hacerla posible. Para ello, el documento pone foco en infraestructura de carga, transporte pesado, marítimo y lacustre, segunda vida de baterías y coordinación pública. Son temas menos vistosos que el anuncio de nuevos buses, camiones y taxis eléctricos, pero mucho más determinantes para que la transición ocurra a escala nacional.
Sin embargo, el riesgo está en confundir planificación con implementación. Chile tiene buenas estrategias, pero muchas veces tropieza en permisos, financiamiento, coordinación institucional y desigualdad territorial. Por ello, los principales riesgos de esta propuesta se asocian a su ejecución, alta dependencia de estudios y pilotos, brechas territoriales y desafíos tecnológicos para sectores de difícil implementación.
La electromovilidad no puede quedar concentrada en Santiago ni depender solo de pilotos demostrativos. Debe llegar a regiones, comunas, rutas logísticas, edificios, pymes de transporte, talleres, instituciones técnicas y usuarios comunes.
La meta intermedia de 20% de ventas cero emisiones al 2030 es una buena señal, porque obliga a medir avances antes de que sea tarde. Pero alcanzarla exigirá algo más que voluntad: requerirá incentivos inteligentes, infraestructura confiable, formación de capital humano, reglas claras y una institucionalidad capaz de tomar decisiones oportunas. La electromovilidad ya no es una promesa tecnológica; es una prueba de capacidad pública, productiva y territorial. Si Chile logra pasar de la estrategia a la ejecución, no solo tendrá vehículos más limpios: tendrá una economía más resiliente, competitiva y preparada para el futuro.
