Este 22 de marzo se conmemora nuevamente el Día Mundial del Agua. La comunidad internacional ha escogido esta fecha para inaugurar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, la cual fue liderada inicialmente por Holanda y Tajikistan, y tiene como meta negociar un Plan de Acción Internacional, hoy inexistente en materia de aguas. No obstante, la actual crisis hídrica que afecta a parte importante de los países, principalmente en el Sur Global, (intensificada por el efecto invernadero y los cambios climáticos), constituye una de las principales amenazas para la salud humana, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático.
Aunque la inseguridad hídrica probablemente es una de las amenazas más estructurales para la biósfera en su conjunto, incluidos los humanos; hasta hoy las naciones miembros de la ONU no habían logrado, poner pantalones largos a la Agenda del Agua, la cual fue reiteradamente excluida de las prioridades políticas internacionales, desde al menos la Cumbre de la Tierra, en Río 1992; donde la comunidad internacional sí logró acordar y firmar las convenciones sobre el cambio climático, biodiversidad y la lucha contra la desertificación, y no así sobre el agua.
La buena noticia es que en julio de 2022 los países acordaron enfrentar finalmente el desafío de la crisis hídrica, iniciando las discusiones en octubre pasado, y logrando concretar esta primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, para esta semana. En la convocatoria se destaca que la crisis hídrica está intrínsecamente vinculada a la crisis climática; y que limitar el calentamiento a 1,5º centígrados, (evitando llegar a 2ºC) tiene enormes implicancias sobre la disponibilidad de recursos hídricos, pudiendo reducirse el estrés hídrico inducido por el cambio climático, y en consecuencia reducir los impactos sobre las poblaciones humanas y la naturaleza.
La Cumbre del Agua, además de un Plan de Acción para la década, abordará negociaciones sobre el acceso al agua potable y saneamiento; el agua para el clima, la resiliencia y la biodiversidad; la valoración del agua y su nexo con la alimentación, energía y desarrollo urbano (muchos de los cuales están incluidos en las metas del Objetivo de Desarrollo Sustentable Nº 6 de la Agenda 2030); además de la cooperación y gobernanza internacional del agua, lo que puede facilitar la formalización de una futura convención en esta materia.
Esto no es menor, dado que muchos ecosistemas hídricos, acuíferos, ríos y lagos son transfronterizos; y en la actualidad de los 153 países que comparten estos bienes naturales, solo 32 tienen acuerdos de cooperación para utilizar el agua conjuntamente, lo cual constituye un riesgo de conflictos en escenarios de mayor estrechez hídrica.
En el caso de Chile, la conmemoración del Día del Agua, también nos encuentra con un mejor mejor escenario que el año pasado. No solo porque los meteorólogos han asegurado que este invierno empezará un ciclo de El Niño, lo que conlleva mayores precipitaciones, aliviando en parte las dos décadas de megasequía que nos han afectado fuertemente. Sino también porque con la promulgación de la tercera Reforma al Código de Aguas de 1981, el pasado 6 de abril (luego de 11 años de tramitación), el Estado tiene nuevas e importantes atribuciones y mandatos para gestionar este patrimonio esencial y estratégico con prioridades claras y criterios de interés público.
Aunque la implementación de dicha reforma requiere celeridad en la dictación de varios reglamentos, es importante destacar que el nuevo Código reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, el que debe ser garantizado por el Estado. También establece prioridades en el uso de las aguas, privilegiando el agua potable y saneamiento, las actividades de subsistencia, la sustentabilidad de las fuentes de agua y la protección del medio ambiente; además del establecimiento de reservas de agua para esos fines prioritarios. En este contexto, discrimina positivamente para acceder al agua, a los comités y cooperativas de agua potable rural, a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas.
La reforma también establece condiciones para la sustentabilidad ambiental de las fuentes de agua dulce. En este ámbito, protege humedales, limita la extracción en acuíferos, constituye caudales ecológicos para todas las futuras concesiones. Y para los derechos ya otorgados, impone caudales ecológicos en zonas que se encuentren amenazadas o degradadas, en áreas protegidas; y en caso de solicitudes de cambio de punto de captación y de solicitud de permisos para obras mayores. Además establece la conservación in situ de las aguas en las áreas protegidas, mediante la constitución de reservas de agua con fines de conservación y la prohibición de otorgar concesiones de agua.
También cambia el carácter de los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, los que serán concesiones temporales, posibles de renovar si existe disponibilidad y condiciones de sustentabilidad de los caudales y cuerpos de agua. Establece además obligación de informar sobre captaciones y restituciones de aguas; causales de extinción y caducidad de los derechos de agua en casos de no inscripcion, de acaparamiento y no uso de los derechos de agua otorgados; perfecciona el Catastro Público de Aguas y el Inventario Público y Monitoreo de Glaciares y obliga a la Dirección General de Aguasa realizar Planes Estratégicos de Recursos Hídricos para cada cuenca con modelación y balance de caudales, recuperación de cuencas y planificación de usos futuros. Finalmente, en la reforma se creó un Fondo de Investigación, Innovación y Educación en recursos hídricos, lo cual permitirá otorgar fundamentos de planificación y gestión integrada de las aguas con base científica, mejor tecnología disponible y participación ciudadana local.
A este avance regulatorio, se suma la recién promulgada Ley Marco de Cambio Climático, con sus Planes Sectoriales obligatorios de largo plazo, incluidos los de agua; además de los instrumentos incorporados en la Ley de Protección de Humedales. Estas nuevas políticas públicas representan una tremenda oportunidad para que el actual gobierno inicie un cambio de rumbo en el régimen y gestión de las aguas, las cuencas y los ecosistemas asociados en nuestro país.
Es cierto que Chile viene sufriendo hace más de dos décadas condiciones meteorológicas que han puesto en jaque la seguridad hídrica de las ciudades, de los sectores productivos, la subsistencia de comunidades rurales y la supervivencia de especies y ecosistemas; y en un contexto de retraso regulatorio y falta de coordinación del sector público para enfrentar estos desafíos. Pero los recientes avances regulatorios enumerados anteriormente, contienen instrumentos para actuar ahora, y esta es una muy buena noticia. No obstante, las oportunidades que ofrecen su implementación, requieren un claro liderazgo del Estado, al cual estas leyes están mandatando y obligando nuevas funciones.
La inseguridad hídrica y la crisis climática, pero también las demandas ciudadanas, deberían motivar a nuestro gobierno a generar e implementar un Plan de Acción focalizado en el agua potable y saneamiento rural, en los planes estratégicos para la gestión integrada y participativa de las cuencas, en la eficiencia en el uso del agua en ciudades y sectores productivos, en la reutilización de las aguas grises, en la protección de glaciares y en la restauración de las cuencas degradadas. Estas acciones son urgentes y prioritarias; y tal como se ha destacado en la inauguración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua esta semana, alivian simultánea y sinérgicamente la inseguridad hídrica y la crisis climática.
