Amenazas, hostigamientos, lesiones, vigilancia e incluso desapariciones son parte de las agresiones que enfrentan las y los defensores ambientales. Aunque el Estado ha reconocido la necesidad de protegerlos, el proyecto de ley que busca establecer un marco de protección lleva 50 días sin avances en el Congreso.
La iniciativa, radicada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, no se discute desde el 21 de abril, a pesar de ser un compromiso presidencial incluido en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Este fue reafirmado en su primera cuenta pública y asumido posteriormente como parte del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Chile en 2022.
Entre 2023 y 2024, la ONG Escazú Ahora documentó 82 agresiones contra 47 personas defensoras del medio ambiente en distintas regiones del país. El informe -presentado en marzo ante el Congreso- revela un aumento sostenido de casos y una triplicación en los niveles de violencia, es decir, más agresiones y de mayor gravedad. El dato más alarmante: el 98% de los casos no encontró respaldo ni resultados en el sistema de justicia.
Más denuncias, menos investigaciones
Tras la presentación del informe de Escazú Ahora, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En la sesión del 14 de mayo, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA), Marcelo Rebolledo, detalló que entre 2023 y 2024, las denuncias por agresiones contra defensores ambientales aumentaron un 3,3%, pero, en paralelo, las órdenes de investigar emitidas por el Ministerio Público cayeron un 24%.
Estas órdenes representan el inicio formal de una investigación penal. En su reemplazo, el Ministerio Público emitió un mayor número de “instrucciones particulares” -requerimientos acotados y de menor alcance procesal- que pasaron de 46 en 2023 a 60 en 2024. Sin embargo, estas no garantizan la apertura de causas ni una persecución efectiva de los delitos.
Según la PDI, las agresiones más comunes registradas contra personas defensoras del medioambiente en Chile incluyen amenazas, lesiones leves y presuntas desgracias, lo que da cuenta de un patrón de violencia que persiste en el tiempo y en distintos territorios del país.
Inacción del gobierno
Actualmente, el Estado chileno no cuenta con una cifra oficial consolidada ni un diagnóstico nacional sobre la situación de las personas defensoras. La información entregada por la PDI representa solo una parte del fenómeno, ya que no contempla las denuncias recibidas por Carabineros, el Ministerio Público ni otros organismos estatales.
“El abandono en esta materia es inaceptable. El presidente Boric prometió en su programa un proyecto de ley para proteger a dirigentes, lo reafirmó en su primera cuenta pública y tras ratificar el Acuerdo de Escazú. Pero han pasado años, y el Ejecutivo ni siquiera ha presentado las indicaciones comprometidas al actual proyecto en discusión. Mientras tanto, las personas que protegen el medioambiente están siendo amenazadas, agredidas y desaparecidas sin que el Estado actúe”, señaló Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora.
La organización lanzó la campaña “Defiende a quienes te defienden”, que invita a la ciudadanía a exigir acción política y apoyar la ley de protección a defensores. Se puede firmar la petición en actua.cl, con el llamado a presionar a todos los sectores del Congreso.
