El senador Alfonso De Urresti, con la adhesión de las senadoras Isabel Allende, Yasna Provoste y Ximena Órdenes, presentó una iniciativa legislativa que tiene por objeto establecer al sector financiero la obligación de informar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los impactos ambientales de los proyectos en que invierten.
De Urresti explicó que este proyecto de ley está inspirado en la reciente normativa neozelandesa y responde a estándares internacionales del Banco Mundial.
“En Chile, lamentablemente, nuestros estándares ambientales no han sido completamente asumidos por el sector privado. Estas acciones dependen del voluntarismo del sector y no de políticas públicas fuertes al respecto. Por ello pretendemos avanzar, al menos, en transparencia respecto a las inversiones”, explicó el senador.
Finalmente, el congresista subrayó la “necesidad de avanzar con esta iniciativa y en estándares de mayor exigencia, pues la situación de los territorios es altamente vulnerable a los impactos negativos sobre la naturaleza y el medio ambiente, en general provocados por determinados proyectos de inversión, que no se hacen cargo de sus impactos transitorios o permanentes. Las denominadas “zonas de sacrificio” son un claro ejemplo de ello”.
Nueva Zelanda
Esta semana se dio a conocer la noticia sobre la obligación que tendrá el sector financiero de Nueva Zelanda de informar el impacto ambiental provocado por sus inversiones, después de que el Ejecutivo liderado por Jacinda Ardern propusiera la primera ley de este tipo en el mundo.
«Simplemente no podemos alcanzar las emisiones neutrales de carbono para 2050 a menos de que el sector financiero sepa cuál es el impacto de sus inversiones en el clima. Esta ley pondrá los riesgos y la resiliencia del clima en el corazón de las decisiones financieras y empresariales», explicó el ministro para el Cambio Climático, David Clark, en un comunicado.
La enmienda a la Ley del Sector Financiero, presentada ante el Parlamento de Wellington, donde el Partido Laborista de Ardern cuenta con mayoría absoluta, supondrá que unas 200 entidades del país presenten sus informes a partir del año 2023, indicó Clark junto al ministro de Asuntos del Consumidor, James Shaw.
La ley afectará a todos los bancos, cooperativas de crédito y sociedades de crédito hipotecario registrados, así como a gestores de inversiones y aseguradoras con activos totales superiores a 1.000 millones de dólares neozelandeses (701 millones de dólares estadounidense o 589 millones de euros.
La medida también afectará a todos los emisores de acciones y deuda que cotizan en el mercado bursátil neozelandés, el NZX, además de compañías públicas con más de 1.000 millones de dólares neozelandeses.
El gobierno de la laborista Ardern se ha comprometido a que Nueva Zelanda alcance la neutralidad de emisiones de carbono antes de 2050 y a que más de la mitad de los automóviles del país sean eléctricos en 2035. En diciembre además declaró la emergencia climática en su territorio.
