En julio del año pasado abrimos, en el sitio web del Senador Virtual, una ventana de consulta ciudadana con la pregunta “¿Cambio Climático ya es una emergencia?”, invitando a las personas a pensar conjuntamente una ley marco que hasta ese momento el gobierno aun no había anunciado. El 93% de quienes participaron en esa consulta, respondieron afirmativamente ante la consulta de si estimaban necesaria una ley de cambio climático, contra un 5,2% que no la consideraba necesaria. Consultados si esta ley debiera considerar una política de educación ambiental, con énfasis en la responsabilidad de cada persona en el impacto climático, un 89% dijo que sí, mientras que un 8,6% respondió negativamente.
Sobre la necesidad de integrar el componente planificación territorial en una ley marco de este tipo un 85% estuvo de acuerdo, en tanto que un 9,2% manifestó su opinión contraria. Ante la pregunta de si se debería integrar en esta ley marco un rol más relevante del mundo científico, especialmente en la elaboración de los planes de emergencia climática, un 94% de los participantes lo consideró necesario, y apenas un 4,9 no lo estuvo.
La quinta pregunta consultaba acerca de vincular -o no- en esta nueva normativa las metas institucionales con los objetivos sectoriales, en minería, educación, salud y otras áreas. El 89% respondió afirmativamente y un 8,8% no lo consideró necesario. La última consulta tenía que ver con un tema que cruza el debate político, científico y social nacional: si era necesario, o no, incorporar en esta legislación la gestión del agua. Un 92% estuvo completamente de acuerdo, pero un 6,5% sigue considerando que ello no es necesario.
Como era esperable, sobre este último tema fue donde más aportes y observaciones quienes ingresaron al sitio web a opinar sobre tema. Las opiniones recogen las opiniones que hemos escuchado en académicos y científicos, así como en los actores políticos y territoriales: que el agua es un tema central y relevante para enfrentar el avance de la desertificación, que debiera contarse con proyectos integrados que aborden la reforestación y recuperación de paisajes frágiles, generadores de agua y protección de cuencas y riberas de cursos de agua, considerando que las metas en la gestión del agua son fundamentales para cualquier medida de adaptación.
Sobre la necesidad de articular objetivos institucionales con sectoriales, hubo interesantes aportes planteando que una legislación sobre Cambio Climático se haga cargo del modelo extractivista y sus efectos a futuro, de proyectar los impactos que generarán las olas de calor y de frío, así como del aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, la escasez hídrica y desastres naturales, entre otros temas. Enfrentar por cierto el aporte de emisiones de gases de efecto invernadero, de los sectores energético, minero y agrícola.
Ciertamente hubo pleno consenso en que la información y participación científica es esencial para validar cualquier medida respecto de la protección del medio ambiente y para enfrentar el cambio climático. En esa línea se consideró que es fundamental el rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Pero también hubo prevenciones en el sentido de que entendiéndose el papel que le cabe a los científicos, también debe considerarse la participación de la sociedad civil, pues se trata de un tema que nos compete a todos y no solo a los expertos. En ambos casos, se agregó como un criterio de representatividad el componente regional, considerando que debe existir cierta proporcionalidad entre todas ellas, pero en ningún caso ordenarse desde el centralismo.
La planificación territorial también se consideró indispensable, especialmente para definir qué se puede hacer -o no- en cada zona, de manera que no siga quedando al arbitrio de las empresas. Se entiende como un “piso mínimo” para empezar a trabajar este tema, resguardando los recursos estratégicos y mitigando el daño causado en las «zonas de sacrificio». Este ordenamiento debiera considerar cada factor que significa un cambio en la forma de vivir en cada lugar. Algunos también entienden que el ordenamiento territorial permite controlar la variable vulnerabilidad en la ecuación del riesgo, vital para la adaptación al cambio climático. Finalmente, los participantes en esta consulta consideraron muy importante re-pensar el territorio, el emplazamiento de ciudades, zonas productivas, áreas rurales y los diversos procesos productivos, toda vez que la superposición de estas actividades es lo que muchas veces genera el conflicto.
Quienes opinaron y aportaron dijeron que era necesaria esta ley, pero también un cambio en el actual patrón de producción y de consumo, con un mayor énfasis en la protección de nuestros recursos naturales, conservando y protegiendo la vida silvestre. Entender que nuestro mayor recurso es nuestra naturaleza, única en el mundo, y que si no adoptamos medidas, se verá fuertemente asediada por el cambio climático. Un punto adicional es seguir poniendo en el centro la vida de la gente, ante este escenario a enfrentar, no olvidando que muchas personas siguen durmiendo en las calles o en condiciones de pobreza, marginalidad y precariedad que no podemos obviar.
En síntesis, este diálogo virtual con los ciudadanos resultó ser un interesante ejercicio de anticipación al debate que ahora, con el proyecto del gobierno ingresado, desarrollaremos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Porque tal como aprendimos en la tramitación de la Ley de Humedales Urbanos, las normas resultan más completas e integrales, si se escucha a los expertos, pero también si se escucha a las organizaciones sociales, a quienes viven en los territorios, a quienes viven los efectos de los fenómenos y problemas ambientales. Porque cualquier ley, pero especialmente esta, debe hacerse escuchando a las personas.
