En las alturas de la cordillera andina del norte ecuatoriano, donde los frailejones vigilan silenciosos y el viento arrastra la memoria de pueblos ancestrales, toma forma una iniciativa que desafía al extractivismo y renueva la esperanza: el Biocorredor Andes Norte (BIAN). Más que un proyecto ambiental, es un modelo de gobernanza territorial desde las comunidades para defender la gestión sostenible de los bienes naturales frente al avance de la minería metálica en los páramos.
“Este es un esfuerzo de abajo hacia arriba. Desde la gente que ha vivido históricamente, aquí nace esta apuesta por conservar, restaurar y proteger lo más esencial: el agua, la vida y la dignidad”, afirma Paúl Pasquel, director del BIAN.
Con más de 300 mil hectáreas bajo gestión comunitaria, el BIAN abarca las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha, conectando paisajes estratégicos de los Andes septentrionales, donde nacen las fuentes hídricas que abastecen a más de 500 mil personas.
El Biocorredor es ejecutado por COSPE (Cooperación al Desarrollo de Países Emergentes) en alianza con el CONGOPE y los Gobiernos Provinciales de Carchi, Imbabura y Pichincha, y el financiamiento del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS).
Este proyecto, que comenzó a inicios de abril de 2022, ya arroja resultados concretos y replicables: ordenanzas para la conservación, sistemas productivos sostenibles, restauración ecológica, gobernanza descentralizada y una activa participación de comunidades locales y pueblos indígenas.
Pueblos indígenas: sabiduría viva que protege el páramo
En parroquias como Mariano Acosta, La Esperanza y Pimampiro, las comunidades indígenas kichwas y pastos desempeñan un papel fundamental. No solo habitan el páramo, sino que lo comprenden, lo protegen y lo defienden, guiados por una relación espiritual y ancestral con su territorio.
“El páramo no es solo un ecosistema: es un ser sagrado. Su protección es un acto de fe, de resistencia y de amor por la vida”, sostiene Pasquel.
El proyecto ha implementado procesos de consulta previa, libre e informada, para garantizar que las comunidades decidan sobre su territorio, en línea con estándares internacionales de derechos colectivos.
Uno de los logros más significativos del BIAN es la restauración de 164 hectáreas de ecosistemas altoandinos, utilizando 152.000 plantas nativas endémicas, producidas en una red de nueve viveros comunitarios distribuidos estratégicamente en las tres provincias.
Los viveros son manejados con enfoque agroecológico y agroforestal, no solo reforestan, sino que conectan la biodiversidad con los modos de vida campesinos e indígenas, reforzando la resiliencia del paisaje.
Además, se han creado nueve Escuelas de Campo, donde cerca de 220 agricultoras y agricultores han sido capacitados en producción sostenible, restauración ecológica y manejo de fincas con enfoque de conectividad. Estos espacios fortalecen la soberanía alimentaria y promueven acuerdos de conservación con kits silvopastoriles de protección ambiental y planes de manejo individualizados.
“Restauramos el páramo no solo plantando, sino entendiendo cómo se fragmenta y dónde debemos actuar. Gracias a estudios técnicos, priorizamos zonas clave para la recarga hídrica y la conectividad ecológica”, explica Pasquel.
Gobiernos Autónomos Descentralizados: actores clave en la defensa del territorio
El avance de la minería ha generado una respuesta contundente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Cantones como Tulcán, Mira, Bolívar y Pedro Moncayo han aprobado ordenanzas y ACUS (Áreas de Conservación y Uso Sostenible) que prohíben actividades extractivas en zonas sensibles.
Además, se ha creado una plataforma de gobernanza multi actor que integra instituciones públicas, universidades, ONGs, juntas de agua y comunidades, consolidando un modelo de gestión descentralizada, participativa y eficaz.
“El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ya no está solo. Ahora hay gobiernos locales con herramientas jurídicas y técnicas para proteger el territorio”, afirma Pasquel.
El BIAN impulsa modelos productivos que integran la agroecología, el turismo comunitario y la comercialización justa, con enfoque en conservación y soberanía alimentaria. Más de 2.500 personas han sido beneficiadas directamente, y miles más de forma indirecta.
Las principales actividades incluyen:
- Cultivos orgánicos de hortalizas, frutas y plantas medicinales.
- Turismo vivencial en rutas que conectan lagunas, bosques, cascadas y pueblos indígenas.
- Bancos comunitarios de semillas y germoplasma local.
- Acuerdos de conservación con productores para proteger fuentes hídricas y suelos.
“El discurso oficial habla de desarrollo, pero el impacto real es deforestación, contaminación, ruptura comunitaria. El BIAN demuestra que sí hay alternativas sostenibles y dignas”, advierte Pasquel.
Turismo comunitario: defensa activa desde la belleza y la cultura
Las rutas turísticas en el Sistema Lacustre Mojanda, las lagunas de El Ángel, y los senderos de Pimampiro son más que atractivos naturales: son herramientas de defensa territorial. Promueven el arraigo, frenan la migración y generan ingresos sostenibles.
“Donde hay turismo consciente, la minería no entra. Las comunidades ya lo entienden: su futuro está en conservar, no en destruir”, señaló el director del proyecto.
Un modelo replicable para los Andes Andinos
El Biocorredor Andes Norte (BIAN) avanza en la sistematización de sus procesos y herramientas con el objetivo de replicar su modelo en otras zonas andinas de Ecuador y Sudamérica. Iniciativas similares ya despiertan interés en provincias como Loja, Azuay y Chimborazo.
“La gran enseñanza del BIAN es que el desarrollo sostenible no es una utopía. Es posible cuando el territorio se articula desde la gente, con voluntad política, apoyo técnico y financiamiento ético”, señaló finalmente Pasquel, director del proyecto.
