Las crisis energéticas suelen narrarse siempre como episodios externos: guerras en lugares lejanos, como decisiones geopolíticas y mercados internacionales que se tensionan. Pero esa distancia es sólo una ilusión, pues, cada vez que el precio de la energía fluctúa, lo que cambia no es solo una cifra: cambian las condiciones en que millones de personas habitan su vida cotidiana.
Si miramos la historia, no es la primera vez que ocurre. Pasó en 1973, en 2022 y ahora 2026. Distintos conflictos, un mismo patrón: el costo siempre se desplaza. De los centros de decisión hacia los hogares, desde la escala global hacia el cuerpo. La cuenta final no la pagan quienes definen las reglas del sistema, sino quienes dependen de él para vivir.
Se suele decirse que la «energía se encarece», pero sabemos que esa frase esconde lo esencial. Lo que se encarece no es solo la electricidad o el gas: se encarece la posibilidad de sostener condiciones mínimas de vida. Y ese encarecimiento, está claro que no afecta a todos por igual.
En Chile, más de un millón de hogares destina una proporción desmedida de sus ingresos a energía, o simplemente reduce su consumo para poder sostener otros gastos básicos. No es una decisión libre. Es una renuncia forzada. La crisis, en ese sentido, no crea la desigualdad: la ordena, la profundiza y la vuelve visible.
A esto le llamamos pobreza energética. No es solo falta de acceso, ni altos precios. Es más bien, vivir en una relación precaria con la energía: depender de fuentes inestables, habitar viviendas que no retienen el calor, elegir entre calefacción y alimentación. En resumen, es una forma silenciosa de desigualdad que, en contextos de crisis, se vuelve insoportable.
Sin embargo, el sistema sigue operando como si esa realidad fuera marginal. Y, mientras se pide que los hogares ajusten su consumo, el mercado se reorganiza, las utilidades se redistribuyen y las soluciones se proyectan hacia el futuro. La transición energética aparece entonces como promesa: más limpia, más eficiente, más moderna. Pero rara vez se pregunta para quién.
Porque cambiar la matriz energética no garantiza, por sí solo, mejores condiciones de vida. Un sistema basado en energías renovables puede seguir siendo profundamente desigual si no transforma las condiciones de acceso, la calidad de las viviendas y la equidad en la distribución de los costos. Y surge la paradoja: podemos contar con una energía más limpia y, al mismo tiempo, inaccesible para muchos.
Hay, sin embargo, señales de que otro camino es posible. Cuando el Transantiago logra sostener tarifas en medio de una crisis global gracias a su flota mayoritariamente eléctrica, demuestra que la vulnerabilidad energética es evitable. Es el resultado de decisiones.
Y a diferencia de crisis pasadas, hoy existen alternativas reales. Cooperativas y municipios ya producen su propia electricidad. Se llama energía ciudadana: un refugio frente a shocks externos, con costos predecibles fuera de la volatilidad internacional. Esta crisis es una oportunidad para avanzar hacia una soberanía energética distribuida y justa.
Pero esas decisiones no son neutras. Definen quién queda expuesto y quién queda protegido.
La pregunta, entonces, no es solo cómo producimos energía, sino cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas. Y esa discusión no es sólo técnica, sino profundamente social.
Porque al final, cada crisis energética vuelve a plantear lo mismo, aunque intentemos no verlo: que la energía no es un bien cualquiera. Es una condición básica de la vida y de otros derechos. Y, cuando esa condición se vuelve inestable, lo que está en juego no es el mercado, sino la forma en que una sociedad decide —o no— cuidar a quienes la habitan.
