Existen varios antecedentes de la crisis energética y de combustibles mundial que vivimos hoy. Crisis del petróleo de 1973. Ucrania en 2022. Irán en 2026. Tres conflictos distintos, un mismo resultado para la población: tú pagas más por calentar tu casa, por comprar pan, por trasladarte. No es casualidad, es un patrón de impactos y costos.
Gary Stevenson, ex-trader de Citibank que se hizo millonario y renunció, lo describe sin anestesia: cada crisis funciona como una aspiradora gigante que succiona riqueza desde abajo hacia arriba, que aumenta la desigualdad. Los precios suben, tu sueldo no. Algunas empresas, como TotalEnergies, se embolsaron más de mil millones de dólares en un solo mes con la actual guerra. En Somalia, los alimentos subieron un 20%. Mismo evento, resultados opuestos. La aspiradora funcionando.
Según datos de Ember, casi el 80% de la población mundial vive en países que importan combustibles fósiles. Cada vez que alguien cierra una llave en el Medio Oriente, miles de millones de personas pagan la cuenta de un modelo dependiente del petróleo. Chile está aún en ese grupo. Pero hay un dato que merece atención: el sistema de buses de Santiago, RED, antiguamente conocido como Transantiago, mantuvo sus tarifas congeladas durante esta crisis, porque el 70% de su flota es eléctrica. La vulnerabilidad energética no es un costo necesario, es el resultado de la decisión de postergar un cambio necesario.
Según Climate Policy Initiative, los hogares del mundo ya aportamos más de un cuarto del financiamiento climático existente en soluciones y adaptación climática a nivel domiciliario mediante tecnologías limpias, eficiencia energética y adaptación al clima. A pesar de esto, en Chile el 34% de los hogares urbanos no accede de forma equitativa a servicios energéticos de calidad. Más de un millón de hogares destina una proporción sobredimensionada de sus ingresos a energía, o simplemente deja de calefaccionarse para priorizar otros gastos, como comer. La inversión ciudadana es un método fundamental de acción climática, pero en Chile ha significado también que la carga de la crisis la asumen hogares ya estresados para pagar la cuenta de la luz o poder mantener el calor en la vivienda durante el invierno.
Así, se hace patente la necesidad de traer una protección energética integral a la política pública: no centrada en un solo combustible y su costo, sino que reconozca la diversidad real de usos de combustibles (electricidad, leña, gas) y trayectorias de transición en los hogares y viviendas. Priorizar a los más vulnerables implica articular subsidios, eficiencia y mejoramiento térmico, junto a estrategias colectivas de resiliencia que reduzcan la carga energética sin profundizar desigualdades.
Por lo tanto, la salida no es sólo cambiar de fuente de energía. Un modelo renovable sin estándares para el ciclo de vida completo de la energía puede replicar las mismas lógicas extractivas que nos trajeron hasta acá. La salida es construir autonomía local: energética, alimentaria e hídrica de manera integrada. Ese es el llamado que hacemos. Una transición desde la adaptación, a través redes comunitarias que, como el micelio, conecten soluciones desde abajo hacia arriba.
Chile tiene el sol, el viento, el cobre y el litio. También tiene comunidades que ya están construyendo alternativas. Es hora de salir del ciclo y empezar a adaptarnos desde lo energético hacia un modelo de bienestar que priorice a las personas y hogares en todo Chile.
