CodeXverde: Los diputados radicales Marcos Espinosa, Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza, Alberto Robles y la diputada Marcela Hernando, junto al PPD Cristián Campos, ingresaron a trámite un proyecto que modifica diversos cuerpos legales para entregar la competencia sobre concesiones mineras a los tribunales ambientales.
Actualmente, la Constitución Política señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Por su parte, la ley 18.097, sobre Concesiones Mineras, regula la entrega de concesiones de explotación y exploración, que deberán ser constituidas por resolución de los tribunales ordinarios de justicia (juzgados de letras) sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona. Finalmente, el Código Orgánico de Tribunales señala que estos jueces conocerán de las causas de minas, cualquiera sea su cuantía.
Al respecto, los legisladores sostienen que estas normas han generado diversos inconvenientes, especialmente en lo relacionado al exceso de causas que deben conocer los juzgados de letras y el gran número de gestiones que no necesariamente se tienen en cuenta al momento de otorgar una concesión. Lo anterior se traduce en la existencia de superposición de concesiones que a la larga han traído más de un problema a los titulares dueños de las mismas.
Agregan que, aún cuando existe una vasta extensión de territorio no concesionado (59% según datos del Servicio de Geología y Minería hacia el año 2013), no es menor que las concesiones otorgadas y vigentes representan en conjunto el 41% del total, que se traduce en 14.265.731 hectáreas de concesiones de explotación y 16.917.500 hectáreas de concesiones de exploración en el país.
Ante esto, debe realizarse un análisis detallado de la legislación minera a fin de esgrimir modificaciones concretas para evitar la superposición y, por ello, el proyecto propone el paso inicial de descongestión de los tribunales ordinarios entregando la competencia de las concesiones a los Tribunales Ambientales.
Esto se complementa con que una de las materias de competencia de los Tribunales Ambientales es conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión, los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, temas muy ligados con la industria minera y sus efectos.
Por último, las concesiones, particularmente las de explotación, otorgan derechos consuntivos de aguas y, por tanto, es primordial un examen acucioso por parte de un órgano especializado antes de su otorgamiento.
De esta manera, el proyecto propuesto establece que estos tribunales conocerán de las causas de minas, cualquiera sea su cuantía, entendidas como aquellas en que se ventilan derechos regidos especialmente por el Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras.
Asimismo, fija que será competente para intervenir en la gestión de constitución de las concesiones el ministro de tribunal ambiental que tenga jurisdicción en la región en la cual esté ubicado el punto medio señalado en el pedimento o el punto de interés indicado en la manifestación.
