Solicitar a la Presidenta de la República que envíe a trámite legislativo un proyecto de ley destinado a autorizar que las multas impuestas por el Código de Agua, que no tengan beneficiario determinado, sean traspasadas al gobierno regional de la zona afectada y no queden, por ende, de beneficio fiscal, es el objetivo de la resolución 675 que fue aprobada por la Cámara de Diputados por 95 votos a favor y tres abstenciones.
La propuesta, aprobada el pasado 27 de septiembre, fue presentada a la Sala por el diputado Marcos Espinosa (PRSD), junto a los diputados Osvaldo Andrade (PS), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Daniel Melo (PS), Yasna Provoste (DC), David Sandoval (UDI), Alejandra Sepúlveda (IND), Gabriel Silber (DC) y Camila Vallejo (PC).
Según explicaron los autores de la resolución, la idea es que, con los recursos provenientes de las multas, los gobiernos regionales puedan implementar medidas de prevención y reparación del ecosistema dañado por el mal uso de las aguas.
