El debate sobre la permisología en Chile ha revelado un diagnóstico ampliamente compartido por el sector productivo, la academia y el espectro político: el estancamiento en la inversión de grandes proyectos es la consecuencia directa de una institucionalidad que no ofrece certezas.
Recientemente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lanzó su Plan de Modernización Tecnológica, incorporando herramientas clave como la Inteligencia Artificial (IA) y un renovado Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que supone un claro signo de la modernización del Estado.
Las nuevas herramientas del SEIA son de alto valor estratégico y ofrecen resultados concretos: transparencia, agilidad y certeza. Mediante la IA, se eleva la calidad del análisis técnico y se logra una transparencia inédita, beneficiando a los titulares de los proyectos y a las comunidades. Esta transformación permite, además, impulsar procesos críticos —como la emisión de Certificados de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)— enfrentando los «cuellos de botella» burocráticos y aumentando la confianza en los plazos y la predictibilidad del sistema.
Este avance es la prueba de que el equilibrio entre las exigencias ambientales y una institucionalidad moderna es posible. El objetivo no es relajar las normas de protección, sino aplicar tecnología para que la evaluación sea más rigurosa, rápida y menos susceptible a la discrecionalidad.
Si un servicio con la complejidad regulatoria ambiental puede avanzar en la digitalización, la estandarización de procesos y el uso de analítica avanzada, hace suponer que la modernización del SEIA puede servir de modelo a replicar en otros servicios del Estado que forman parte de la cadena de permisos.
Efectivamente, el Plan de Modernización Tecnológica del SEIA es un paso fundamental que bien merece la pena ser valorado Sin embargo, persiste un desafío de fondo: la desconfianza entre las partes destinadas a trabajar de forma conjunta para el desarrollo de los proyectos: sector público, privado y comunidad. La tecnología ofrece un puente hacia la confianza, que hay que aprovechar.
Si bien es destacable el esfuerzo del SEA -que avanza hacia un Estado más transparente que entrega certezas a los proyectos de inversión-, ahora el reto está en ir más allá y alcanzar una cultura de la colaboración, imprescindible para que la infraestructura cumpla cabalmente su reconocido rol como habilitante para el crecimiento equitativo, el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano.
