El pasado 12 de agosto se publicó en el Diario Oficial la ley 21.691 que prorroga la entrada en vigencia de ciertas obligaciones establecidas en la denominada Ley de Plásticos de un solo uso (Ley PUSU); una medida que, aunque controvertida, resulta necesaria para asegurar la efectividad de esta normativa en el largo plazo.
Desde su promulgación en agosto de 2021, la Ley PUSU ha sido vista como un hito en la protección ambiental de Chile. Sin embargo, la falta del reglamento y los plazos ajustados generaron una situación de incertidumbre que, de no abordarse como se hizo, pudo haber comprometido el éxito de la ley. Ante esto, consideramos que la dictación de esta prórroga reconoce la difícil, aunque necesaria, relación entre los objetivos ecológicos y la actividad industrial y comercial, además de ofrecer una oportunidad para hacer las cosas bien.
La extensión de los plazos, que no solo se refiere a la prohibición de entrega de productos de un solo uso, sino que también abarca el plazo para dictar el reglamento que exige la normativa, entrega un espacio temporal a los diversos actores para que hagan suya una normativa relevante. A modo de ejemplo: se abran espacios para la industria de productos compostables, se vayan ajustando prácticas gastronómicas de uso intensivo de plástico y, también, se vaya fortaleciendo la capacidad de fiscalización de los municipios, encargados de velar por el cumplimiento de la ley.
No basta con tener una normativa avanzada si no existen los recursos ni las herramientas necesarias para garantizar su cumplimiento en la práctica. En este sentido, el éxito de la Ley PUSU dependerá tanto de la calidad del reglamento como del compromiso real de las empresas de sumarse a una economía más circular.
Una ley bien intencionada, pero sin cumplimiento efectivo, sería el peor de los casos. Así, esta prórroga debe ser entendida como una oportunidad para asegurar que los objetivos ambientales de la norma se cumplan de manera efectiva y sostenible. Solo así podremos garantizar un futuro en el que la protección del medio ambiente no esté en conflicto con la viabilidad económica de nuestras empresas.
