La propuesta de Ley sobre el uso del agua de mar para desalinización (Boletín Nº 11.608-09), ingresada la semana pasada en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, representa una nueva preocupación para las aspiraciones de contar con una Ley de Costas basada en la evidencia científica en Chile, según representantes del Observatorio de la Costa.
Como indica la moción parlamentaria sobre una Ley de Costas ingresada en 2022 a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, sustentada en nueve principios de protección costera validados internacionalmente, seguir interviniendo en estas zonas constituye un grave peligro a la luz de fenómenos como el cambio climático, el aumento del nivel del mar, las marejadas y la erosión costera que afecta al 86% de nuestras playas.
Si bien la crisis hídrica obliga a buscar soluciones urgentes, Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, señala que se requieren soluciones que sean sustentables: “no se puede obviar el hecho de que la Estrategia Nacional de Desalinización que plantea esta iniciativa, considera ocupar bienes nacionales de uso público requeridos para la instalación de las plantas desaladoras y su posterior operación, lo que se realizará por medio de concesiones”.
Carolina Martínez señaló su preocupación por el avance de esta clase de iniciativas, cuando el país aún no cuenta con una Ley de Costas que pueda salvaguardar los ecosistemas costeros, “sobre todo considerando que falta todavía evidencia científica sobre el impacto de esta clase de infraestructura en los ecosistemas. ¿Incorporan la tecnología adecuada para hacer frente a amenazas naturales recurrentes como tsunamis y terremotos?, ¿podrán resistir las marejadas?, ¿o la erosión costera que se extiende de manera creciente por nuestras costas?”, agregó la académica de Geografía UC e investigadora de Cigiden y SECOS.
En el informe Desalinización: oportunidades y desafíos para abordar la crisis hídrica en Chile, elaborado por el Comité Científico del Cambio Climático del Ministerio de Ciencias, se plantean problemas como la hipersalinidad de las descargas de salmueras que generan estas plantas. “La eficiencia en estos procesos de descargas y su área de influencia depende de múltiples factores, pudiendo impactar en los ecosistemas”, indica la publicación.
El mismo informe señala que actualmente en el país, para evaluar este tipo de infraestructura, se recurre “a evaluar el incremento en la salinidad, sin considerar modelos de calidad de aguas, el impacto sobre organismos y los efectos sinérgicos con otras descargas”, agrega el documento en su capítulo 6. Según el primer catastro nacional dado a conocer a fines de marzo de este año, Chile ya cuenta con 28 plantas desalinizadoras en operación y construcción, más otras 15 en fase de proyecto.
Muchos de estos proyectos se han estado desarrollando en medio de impactos en los ecosistemas y conflictos con las comunidades, como hemos visto en las comunas de Puchuncaví, donde pescadores se mantuvieron en toma por tres meses y en Panul, Coquimbo, donde la planta ha sido rechazada dos veces por el sistema de Evaluación Ambiental.
Otro ejemplo ha ocurrido en Los Molles, donde se instaló una planta desaladora que según denuncia la comunidad, ha generado residuos en las descargas, contaminando el humedal estuario Los Molles. “La construcción de desalinizadoras en zonas de alta biodiversidad como éstas, plantea una amenaza seria para los ecosistemas y la vida silvestre. Es fundamental que se realicen evaluaciones ambientales exhaustivas y se implementen medidas de mitigación adecuadas para minimizar estos impactos”, señala Barbara Astudillo, embajadora del acuerdo de Escazú y representante de la ONG Protege Los Molles.
A estas problemáticas se suma también una investigación publicada en el Journal Sustainability realizada por especialistas en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, que analizó la “disponibilidad de espacio” para el desarrollo de esta industria, desde la zona central hasta el norte de nuestro país, abarcando un total de 114.452 km2. El estudio muestra que solo el 4,54% del territorio, equivalente a 5.195 km2, fue catalogado como altamente apto.
La falta de una Ley de Costas que permita el ordenamiento territorial en la zona costera, dificulta también las posibilidades de que la Estrategia Nacional de Desalinización pueda garantizar efectivamente tanto sus intenciones de proteger los ecosistemas marinos, los modos de vida de las comunidades e incluir efectivamente participación ciudadana en estos procesos. Sin mecanismos efectivos de control y participación, corremos el riesgo de contar con una política ineficiente, carente de base científica y con alto impacto social y ecológico en nuestra ya deteriorada costa.
