La biodiversidad nos aporta variados beneficios ambientales, sociales y económicos a través de los servicios ecosistémicos que son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta. La degradación de estos servicios está directamente relacionada con la pérdida de diversidad biológica. En los últimos años el acelerado crecimiento urbano que se ha experimentado a nivel global (más del 50% de la población del planeta vive en ciudades) ha influido directamente en la calidad de estos servicios, lo que se traduce en un deterioro en los beneficios otorgados a la comunidad.
En América Latina la destrucción de hábitat es la principal causa de pérdida de biodiversidad, ya que los procesos de cambio de uso de suelo (como la urbanización), además de generar la pérdida neta de hábitat natural, forman fragmentos de hábitat de diferentes tamaños y distancias entre sí, en donde los de menor tamaño, debido a la calidad de los fragmentos remanentes, muchas veces no son capaces de mantener poblaciones de especies o procesos ecológicos, por lo que se producen extinciones o pérdida de servicios ecosistémicos locales. La infraestructura verde urbana es un elemento esencial para el desarrollo y funcionamiento de una ciudad, siendo una herramienta que permite la conservación de biodiversidad en las ciudades, constituyendo una base estructural de soporte para conectar y consolidar los hábitats naturales remanentes con las intervenciones verdes urbanas, las cuales permiten generar corredores o parches biogeográficos necesarios para la dispersión y conservación de especies nativas presentes en las ciudades y sus zonas periurbanas, constituyéndose como reservorios de biodiversidad dentro de las áreas urbanas.
Esta trama interconectada de espacios verdes tiene como objetivo conservar y potenciar los servicios ecosistémicos a través de la conformación de una red estructural que permita el soporte de la biodiversidad a diferentes escalas: Regional (Áreas silvestres protegidas y parques nacionales), Ciudad (Ríos, riberas, bosques urbanos y áreas verdes metropolitanas) y Barrio (paseos peatonales, plazas, jardines privados). Los elementos que conforman esta infraestructura se pueden clasificar como: Espacios verdes naturales que corresponden a zonas verdes no intervenidas por procesos de urbanización como humedales y cerros islas; Espacios verdes urbanos como el arbolado de calles, plazas, parques, áreas deportivas, huertos urbanos y Espacios grises rediseñados que son “infraestructuras grises” o equipamiento urbano rediseñado como rotondas, bandejones, muros y techos verdes (Reporte del Estado del Medio Ambiente Chile, REMA 2021, MMA).
Estas zonas influyen directamente en servicios ambientales como la captura de contaminantes, regulación del microclima, infiltración de agua lluvia, soporte para la biodiversidad urbana y periurbana, recreación, turismo y pueden ser parte de la gestión de riesgos de desastres.
Es importante entender que la proyección de esta infraestructura verde debe basarse en criterios ambientales que permitan cumplir con el objetivo de sostenibilidad urbana al cual apunta, entre ellos debe considerar la proyección de áreas verdes biodiversas con un alto porcentaje de vegetación nativa acorde a las condiciones bioclimáticas del lugar, que permita potenciar procesos ecológicos como la atracción y dispersión de flora y fauna, aumentando la conectividad espacial y biológica entre sus diferentes componentes, fomentando soluciones naturales basadas en los principios de conectividad, multifuncionalidad y resiliencia.
La transformación de infraestructuras verdes no siempre está asociada a una alta inversión económica; la posibilidad de recuperar, reutilizar y rediseñar espacios o infraestructuras grises permitiría aprovechar recursos existentes, rehabilitando áreas urbanas degradas y potenciando la cohesión de estas instalaciones con la naturaleza de sus alrededores.
Es clave incorporar este sistema interconectado de espacios verdes como un componente fundamental en los instrumentos de planificación territorial, de esta manera potenciar su impacto en la mitigación y adaptación al cambio climático principalmente a través de la conservación de la biodiversidad en el territorio urbano. A su vez, la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al diseño de este tipo de espacios, constituye la base para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
De acuerdo con la normativa vigente, la responsabilidad del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura verde urbana corresponde a los municipios, aunque adicionalmente existen instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), y fundaciones que trabajan para el fomento y el aumento de la participación ciudadana de estos espacios (Reporte del Estado del Medio Ambiente Chile, REMA 2021, MMA). Chile ha avanzado cada vez más en la regulación y normativa de estas zonas, entre las cuales destaca la Ley Nº21.202 sobre Humedales Urbanos que promueve la protección de estos ecosistemas que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano. La ley introduce en la legislación nacional, el concepto de “humedales urbanos”, en razón a la gran importancia de estos espacios como áreas verdes, zonas de recreación, reservorios de biodiversidad, controladores de inundaciones, mitigadores del cambio climático, entre otros; y las fuertes amenazas bajo las cuales se encuentran. Además, establece que los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente deben ser incluidos en los Instrumentos de Planificación Territorial a toda escala como “área de protección de valor natural”
Este tipo de iniciativas sustenta la importancia de la conformación de una infraestructura verde urbana como solución para poder enfrentar los problemas derivados de la pérdida de diversidad biológica en las ciudades y sus alrededores.
