Un Informe Ejecutivo Confidencial de carácter «técnico jurídico» -que circula entre los accionistas (Endesa y Colbún) y la plana mayor de HidroAysén y al que tuvo acceso La Segunda- afirma que con la resolución del Comité de Ministros que rechazó la construcción del megaproyecto «hoy se sienta un precedente complejo para el país, en tanto se debilitó la institucionalidad ambiental y la certeza jurídica de las inversiones».
«Aun cuando un proyecto cumpla a cabalidad con todas y cada una de las exigencias y logre la aprobación ambiental, habiendo superado exitosamente las innumerables instancias judiciales y cuente con el apoyo mayoritario de las comunidades en que se inserta, siempre podrá enfrentar revocaciones posteriores por parte de una instancia política», señala en su apartado final.
El documento explica la «dinámica de la evaluación ambiental», resumiendo el mecanismo por el cual la autoridad realiza preguntas y la empresa responde. En su visión, tras un proceso de consultas, en el siguiente «la autoridad va diciendo, por acción u omisión, qué respuestas del titular fueron satisfactorias. Lo único relevante es lo que cada servicio público acepta o no, lo cual queda incorporado en el Informe Consolidad de Evaluación (ICE)».
«En el caso de HidroAysén, ese ICE suscrito por todos los servicios públicos fue positivo, lo que significa que ellos quedaron conformes con las respuestas. Y por lo mismo, los servicios públicos votaron a favor de la Resolución de Calificación Ambiental», agrega.
Aludiendo indirectamente a los dardos lanzados por el gobierno, sostiene que «si alguien critica hoy que los servicios públicos redactaron un ICE favorable y votaron a favor de la RCA, en verdad está criticando a los servicios públicos del Estado, no al titular de un proyecto».
Relocalizados
El informe aborda los tres puntos específicos utilizados por el Consejo de Ministros para rechazar HidroAysén.
Sobre la «inexistencia de un plan de relocalización» para 39 familias que debían ser trasladadas dice que «la elección de los sitios debe hacerse en conjunto» (con los afectados)… Por lo tanto, no corresponde que el proceso de acuerdos se realice previo a la evaluación ambiental, como hoy se plantea por el Comité de Ministros». Y concluye afirmando que con nueve familias «se llegó a acuerdo».
Respecto de los «impactos por cambios de hidrología (crecidas de origen hidrometeorológico o de tipo GLOF)», asegura que «en el proceso de evaluación ambiental se consignó que el proyecto no tiene la capacidad para modificar los efectos que naturalmente se producen en la zona… Sin perjuicio de esto, HidroAysén presentó un completo plan de contingencia», frente a eventuales inundaciones, «aprobado por la institucionalidad ambiental».
Frente a la «fluctuación de caudal intradiaria por operación normal de la central (pulsos)», indica que hubo «modelaciones y evaluación de impactos… (y) se presentaron medidas aprobadas y ratificadas en la RCA».
Y, finalmente, sobre la «falta de análisis sobre impacto que generaría el desplazamiento de animales», dice que «los servicios con competencia ambiental revisaron la información presentada y ratificaron las medidas que consideran el rescate y traslado de fauna».
El informe lamenta la caída del proyecto, recalcando los numerosos obstáculo técnicos y sociales que tuvo que sortear, pero sobre todo que tras un largo proceso, «el 14 de enero de 2014… el Comité de Ministros acogió 17 reclamaciones y dejó pendientes 18, solicitando nuevos estudios», pero que «el 19 de marzo de 2014, producido el cambio de gobierno, el nuevo Comité de Ministros decidió invalidar la resolución anterior«, provocándose hace dos días el rechazo definitivo por la instancia «política».
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