Para la próxima semana se postergó la votación en particular de la propuesta legal que exige someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a los proyectos de instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, ello con el objeto de presentar indicaciones que ajusten el alcance de la medida.
El acuerdo fue determinado luego de escuchar las opiniones del subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf; del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso; del arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Leñam; y del presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil (Atelmo), Guillermo Pickering.
«Nosotros creemos que hay un espacio en torno al perfeccionamiento de la iniciativa legislativa de modo de ir acotando las iniciativas que entren al Servicio de Evaluación Ambiental, en cuanto a altura, distanciamiento de centros poblados, en fin, podríamos establecer una serie de requisitos para poder hacerlo viable. Pero lo que nos parece indudable es que este tipo de infraestructura, dado que la ley original no resguardó adecuadamente los derechos de las personas, debe tener un sistema, a través de la evaluación ambiental, que pueda resguardar esos principios«, indicó el presidente de la Comisión, Marcelo Chávez.
El legislador resaltó que, en muchas comunas, se ha producido un problema con la localización de las antenas porque la normativa que se aprobó, por la vía de las excepciones, terminó haciendo tabla rasa con todos los principios generales que la ley buscaba resguardar, como por ejemplo, las distancias mínimas.
Refutó el argumento dado por el SEA en orden a que no tendrían capacidad para analizar tantos proyectos, pero dijo que es posible acoger su propuesta de acotar los estudios a aquellas infraestructuras que puedan generar mayor preocupación y, básicamente, centrado en las zonas urbanas, que es donde está centrado el principal problema.
El parlamentario estimó que también hay un tema de regulación tecnológica que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) pudiera abordar a propósito de este proyecto de ley y exigir la instalación de mecanismos más amigables y menos invasivos en las zonas urbanas, como los que hay en Europa adheridas a los postes del alumbrado público.
El diputado Leopoldo Pérez (RN) coincidió en el punto y remarcó que, al mencionar la industria el hecho que Chile posee una de las normativas más exigentes del mundo después de Luxemburgo y Suiza, se le olvidó decir que en varios países de la OCDE se usan sistemas tecnológicos de pequeña dimensión, como las cajas de WF, que se adhieren a los postes de la luz.
Leopoldo Pérez dijo que la Ley de Antenas no ha cumplido con las expectativas de la población y resaltó que, hoy en día, existe una amplia variedad de interpretaciones por parte de los directores de Obras de los municipios, a la hora de aplicar la normativa. Asimismo, criticó que el Ministerio de Medio Ambiente no ha publicado la norma de emisiones, pese a estar mandatado por la ley.
En este plano, evaluó que la autoridad no ha estado a tono y que la industria ha tratado de defender los costos futuros que va a tener este cambio legal, aunque reconoció que el proyecto no iba en el foco correcto y no fue explícito en decir que interesaba abordar principalmente la zona urbana. «Se va a dar un periodo de indicaciones que recoja lo que ha planteado la autoridad, pero también lo que planteamos los parlamentarios, conforme a lo que pide la ciudadanía, de modo que la ley no sea interpretativa y que cumpla con la función para lo cual fue creada«, puntualizó.
Opiniones de los invitados
El Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, sostuvo que tal como está redactada la propuesta, o incluso modificándola, «podría ser más perjudicial desde el punto de vista del desarrollo de las telecomunicaciones y no estaría cumpliendo el objetivo que se estaría buscando intrínsecamente».
«No tiene mayor sentido porque la preocupación que se podría tener con este tipo de proyectos ya está abordada tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde se habla de las antenas; también está abordado por Medio Ambiente, porque es el organismo que tiene que definir las emisiones; y desde el punto de vista de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque nosotros también tenemos un rol, por ejemplo, de verificar las emisiones que hacen las antenas», precisó.
Planteó que la iniciativa podría, por ejemplo, obstaculizar el avance de proyectos de conectividad en zonas rurales, por cuanto su paso por el SEA implicaría un aumento de los costos y un evidente retraso en su implementación.
Por su parte, Jorge Troncoso dijo que el SEA no ha tenido muchas experiencias de evaluación respecto de este tipo de proyectos y sostuvo que, hasta ahora, han ingresado solo por la vía de declaraciones. Además, señaló que, como característica general, se trata de iniciativas de impacto reducido y que convendría regular, más bien, por otras vías, como es el de la norma de emisión.
Troncoso remarcó que, considerando la evolución de la industria de las telecomunicaciones, pensar en evaluar cada uno de los proyectos de infraestructura pondría a la institución en una situación bien compleja, ya que no tienen la capacidad de respuesta necesaria. «Nosotros prevemos un aumento creciente razón por la cual esta nueva tipología significaría una gran carga para el SEA y otras instituciones. Pero si prospera la idea, sería indispensable definir criterios de significancia para que lo evalúe el SEA y que no todos los proyectos de antenas deban ingresar», planteó.
Guillermo Pickering dijo que la industria ve con una gran preocupación esta iniciativa y sostuvo que Chile ya cuenta hoy con un marco regulatorio muy estricto, tanto respecto a la instalación de antenas como en materia de emisiones.
Para remarcar este tema, el ejecutivo se hizo acompañar de un representante de la Universidad de Concepción, quien relató algunos alcances de un estudio de legislación comparada encargado por la industria, que da cuenta del liderazgo de Chile en la definición de normativas sobre soportes y límites de densidad de potencia. Además, resaltó que no se pudo detectar nada parecido a una exigencia de estudio de impacto ambiental para estos temas y afirmó que solo se hacen referencias especiales a lugares calificados como zonas patrimoniales, al tiempo que se promueve la generación de procedimientos expeditos de instalación, con sistemas de bajo impacto visual como de radiación.
Finalmente, Pickering señaló que una iniciativa como la planteada retrasaría la instalación de los proyectos futuros, como el 4G, y resaltó que la facilitación de infraestructura pública y la definición de zonas preferentes ayudaría a la discusión.
