José Vilugrón, alcalde de Ercilla, Región de La Araucanía, guarda silencio unos segundos antes de responder qué labores de prevención hace el municipio para evitar el riesgo de incendios forestales. Afirma que se ve tentado a responder que “esto o lo otro”, pero contesta con la verdad: “Derechamente, no tengo plata para eso”. Resalta, eso sí, que entrega a Bomberos $7 millones al año de su presupuesto comunal de $1.300 millones. “Algo es algo”, dice.
Precisamente entre $7 millones y $1.000 millones es lo que gastan las municipalidades que están en el top ten de las 28 comunas más críticas por riesgo de este tipo de siniestros, listado que realiza la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en base a la mayor ocurrencia de emergencias.
Se trata de pueblos y ciudades que tienen el bosque encima, como Los Álamos, en Biobío, donde las plantaciones forestales bordean el 90% de la comuna, cuenta el alcalde Jorge Fuentes.
“Con los pocos recursos que tenemos priorizamos las zonas más riesgosas, hacemos cortafuego y limpiamos con maquinaria”. Agrega que unos $8 millones se le van en “esas medidas de mitigación mínimas”.
También cercado de bosques está su vecino Curanilahue. El alcalde Luis Gengnagel entrega al año $35 millones a Bomberos y exige que las empresas forestales cumplan con desmalezar y retirar desechos que deja la actividad cerca de la ciudad.
En la misma zona está Lebu, donde el gasto municipal en prevención es de $10 millones. “El monto podrá parecer poco, pero es significativo si pensamos que la prevención de incendios no está dentro de nuestras tareas. Para eso debiera crearse una institución o que el Estado nos dé más plata para estas labores”, reclama el edil Cristián Peña.
Esa postura la comparte Jorge Castro, alcalde de Valparaíso. “Se nos siguen encargando una serie de responsabilidades sin estar tipificadas como parte de lo que tienen que cumplir los municipios”, indica. Esta ciudad es la que más gasta en prevención, y Castro detalla en qué se van los $1.000 millones al año: “Cortafuegos, nivelación de caminos para que accedan los vehículos de emergencia, desmalezado, retiro de basura y escombros, arriendo de camiones aljibe y turnos extras de personal”.
También en la V Región, en San Antonio, donde se gastan al año $60 millones, el municipio contrata vigías forestales desde hace una década. “Es una inversión importante, pero necesaria de hacerla y nos ha dado resultados”, dice el alcalde Omar Vega.
En todas las comunas críticas hay coordinación con Conaf para ver dónde actuar. La corporación gasta $1.900 millones en difusión: Cuentan con prevencionistas motorizados que realizan una campaña cara a cara con las comunidades, se entrega folletería y se realizan talleres con el foco de concientizar a los vecinos, que son los primeros que tienen que estar preparados, cuenta Alfredo Mascareño, gerente de Protección Contra Incendios Forestales de la Conaf.
En Tomé, en Biobío, así lo han entendido, porque los propios vecinos cortan maleza y el municipio la retira con su maquinaria, y participan en simulacros de siniestros. Esta comuna invierte $13 millones en estas tareas y en las de difusión más otros $30 millones que entrega a Bomberos.
Fuente: El Mercurio
