La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París firmado el 2015 están construidos sobre un principio que busca reconocer la historia de la humanidad: las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio, reconoce que la responsabilidad para construir e implementar soluciones para combatir el cambio climático es común entre las naciones del mundo, pues todas deben contribuir con medidas de mitigación y adaptación si quieren asegurar su supervivencia y sostenibilidad a largo plazo.
No obstante, no todas las naciones y personas han contribuido de la misma manera, o sufren de la misma manera los impactos de la crisis climática. Hoy, sabemos con certeza que en el centro de los causantes de la crisis, está el desarrollo de las naciones ricas, que está sostenido por un modelo de explotación de la tierra, los territorios, sus comunidades y personas, que arrastramos desde la colonización. Esta historia de dominancia y subyugación que ha sido reproducida estructuralmente hasta el día de hoy ha mantenido a países como Chile, a la región completa de América Latina y en general el sur global en el lugar de los explotados, con economías basadas en la extracción de minerales y combustibles fósiles y un nivel de privatización que mantiene la riqueza fuera de la región o en manos de unos pocos.
La COP27 en Egipto, ha puesto como banner la implementación y ha centrado gran parte de sus conversaciones en la construcción de mecanismos de financiamiento para el trabajo en “Pérdidas y Daños” (PyD), una negociación co-facilitada por Chile en la representación de la ministra Maisa Rojas. Una conversación que hoy, a un día de finalizar la convención, continúa en riesgo de no llegar a puerto.
Cuando pensamos en acción climática, por lo general pensamos en la mitigación de gases de efecto invernadero y en la adaptación a los impactos de la crisis climática. A medida que el tiempo continúa pasando sin políticas climáticas globales suficientemente robustas para mitigar con la rapidez necesaria (la reducción de emisiones globales de GEI en un 40% para el 2030) o adaptar nuestros territorios, comunidades y ecosistemas pertinentemente a los impactos de la crisis climáticas (eventos climáticos extremos o eventos de aparición lenta), hay una conversación que los últimos años ha estado progresivamente tomando fuerza: todo lo que perderemos o que quedará dañado de manera irreversible e irreparable – comúnmente conocido como PyD y a quienes corresponde la responsabilidad de reparar y remediar esas pérdidas.
Durante la COP27, se ha negociado sobre la posibilidad sin precedentes de construir un mecanismo de financiamiento global para PyD denominado “El Fondo de Pérdidas y Daños”. El texto que está siendo trabajado reconoce que los arreglos de financiación para PyD pueden incluir:
a) Un nuevo fondo con fines específicos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
b) Una entidad operativa del Mecanismo Financiero
c) El fortalecimiento de las entidades operativas existentes del Mecanismo Financiero, reconociendo sus instrumentos de gobernanza/gobierno
d) La financiación pública, incluso en forma de subvenciones
e) Financiación basada en subvenciones de múltiples fuentes
f) La financiación del desarrollo
g) Alivio de la deuda
h) Reforma de los bancos multilaterales de desarrollo y de las instituciones financieras internacionales
i) Ayuda humanitaria
j) Fuentes de financiación innovadoras
¿Por qué las negociaciones continúan entrampadas? La respuesta a esto es bastante predecible para cualquiera que haya seguido las negociaciones en algún momento desde sus inicios en 1994. Los países desarrollados se rehúsan a reconocer y hacerse cargo de su responsabilidad diferenciada frente a las causas e impactos de la crisis climática y, por ende, se rehúsan también a la existencia de un mecanismo que les obligue a responder por las pérdidas y daños de los países en vías de desarrollo mayormente impactados por la crisis climática.
Así como el negacionismo climático, le permitía a las grandes compañías extractivas, continuar enriqueciendo sus bolsillos a partir de la destrucción de los sistemas planetarios, la negación de las pérdidas y los daños asociados al cambio climático antropogénico, le permite a los países desarrollados no hacerse cargo de las responsabilidades que tienen frente a la crisis y asimismo no apoyar a los países en desarrollo a enfrentar las pérdidas materiales y no materiales consecuencia de la crisis climática: la pérdida ecosistémica, los desplazamientos forzados de personas y en el peor caso, la extinción de las especies y la muerte de grandes números de personas consecuencia del cambio climático. La pregunta del financiamiento de PyD es una pregunta de derechos humanos y una pregunta de justicia climática.
Esta es, posiblemente, una de las negociaciones más importantes para los países en vías de desarrollo. La Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), pequeñas naciones isleñas y todos quienes cumplen con los criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático o quienes están o estarán en la primera línea de sus impactos. Esperamos que, al finalizar la COP27, encontremos un acuerdo que nos permita determinar los mecanismos con la rapidez y pertinencia necesaria para financiar PyD y así poder trabajar en asegurar que el futuro reconozca la importancia de los derechos humanos y la justicia climática.
