“Promover la adopción de altos estándares socioambientales por parte de proyectos de inversión, mediante la implementación temprana de procesos participativos que faciliten el logro de acuerdos orientados a mejorar el proyecto y sus beneficios, así como a crear relaciones constructivas de largo plazo entre empresas, comunidades locales y otros actores de interés”. Ese es el objetivo de la iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) con los “Acuerdos Voluntarios de Preinversión”, que se encuentran en etapa de prueba.
Se trata de una herramienta implementada por el gobierno, que pretende facilitar la relación entre las comunidades y los proyectos industriales emplazados en sus territorios para que, a través de mecanismos tempranos de participación, puedan incidir en el codiseño de estas iniciativas. Para lograrlo, el objetivo es utilizar este instrumento en etapa de prefactibilidad, ya que la capacidad de incidir en el proyecto va disminuyendo a medida que avanza su desarrollo.
Juan Ladrón de Guevara, director del CPL, explica que “ya no basta con la legislación ambiental y los permisos sectoriales para operar un proyecto, sino que hace falta la licencia social que, a larga, es lo que les permite funcionar”, y agrega que “desde el punto de vista de la empresa, esto es un problema de competitividad, una empresa no será capaz de producir si no tiene la aceptación social que requiere”.
Lograr el AVP
El programa contempla tres etapas. La primera está orientada a difundir el interés de empresas y comunidades, siempre y cuando el proyecto se encuentre en diseño o prefactibilidad, para garantizar la incidencia de las comunidades en las decisiones. “Esto es importante porque la empresa aún está en etapas de ingeniería y no ha invertido mucho, por lo cual se pueden modificar una serie de cosas, no así en una etapa más tardía”, explica el director del CPL.
La segunda etapa dura alrededor de 12 meses y corresponde a la de participación con actores de la comunidad, instituciones interesadas y la empresa, en la que se dispone de un equipo de facilitadores para el diseño de un plan de participación, para que finalmente se puedan lograr acuerdos en torno a lineamientos sobre cómo abordar los impactos socio-ambientales del proyecto, su contribución al desarrollo y beneficio local, mecanismos de participación posteriores y a largo plazo, ejecución del proyecto, entre otros. Hecho este proceso, se da vida al Acuerdo Voluntario de Preinversión, AVP.
Como tercera etapa, el CPL impulsará la certificación del proceso de participación con el fin de dar cuenta si éste cumplió con los principios y criterios que garanticen el alto estándar del mismo. “La idea es certificar, a través de auditores externos, si efectivamente el protocolo y los principios que hemos definido se cumplieron”, cuenta Bustamante. En una etapa inicial, en el marco del piloto, se considerarán ciertos requisitos para comenzar a trabajar. Se priorizarán proyectos de menor complejidad y de tamaño mediano. Por otro lado, no se considerarán proyectos que supongan algún tipo de desplazamiento y reubicación y habrá una preferencia por no realizar pilotos con tecnologías que puedan ser foco de rechazo previo o en territorios de alta conflictividad socioambiental. Habrá una preferencia para pilotear proyectos de energías renovables no convencionales.
Relación con el SEIA
Una vez ingresado el proyecto al SEIA, el titular deberá informar de la existencia del proceso de participación y los acuerdos generados. En esta línea, en caso que el proceso de participación sea certificado, esto también será considerado.
Si como resultado de la evaluación ambiental existiese algún cambio que modifique el acuerdo, esto se comunicará a la comunidad y al CPL bajo mecanismos ya definidos. Y si el proyecto fuere aprobado, los ámbitos del acuerdo que hayan sido reconocidos quedarán reflejados en su Resolución de Calificación Ambiental, siendo fiscalizados acorde con la institucionalidad.
