Escazú: Crónica de un extractivismo anunciado

Pareciera que el fondo del problema no es el contenido del acuerdo, sino las implicancias que este podría tener para el modelo de desarrollo que, para una parte de la sociedad, sigue pareciendo único: el modelo extractivista basado en el uso y explotación intensiva de los recursos naturales que, en el caso de Chile, se instaló primero con la fuerza de las armas, luego con la imposición de la Constitución de Pinochet y que ahora se defiende desde el lobby de las grandes empresas que ven el acuerdo de Escazú como una potencial amenaza.

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Aunque muchos piensan que como sociedad ya hemos perdido la capacidad de asombro, la verdad es que en nuestro país, especialmente durante los dos últimos años, siempre surgen motivos para volver a subir la vara de la sorpresa o lo inesperado. Es lo que ha ocurrido con el final anunciado del viraje en 180 grados que el Ejecutivo ha aplicado en lo relacionado con el Acuerdo de Escazú.

Porque a estas alturas ya todos conocen el cronograma de esta “vuelta de carnero”. Pasamos de ser promotores a desembarcarnos justo cuando había que firmar.

Hasta ahora, al ser emplazado, el Gobierno había respondido solo con elusivas y generalidades. Se les pidió conocer los informes jurídicos en que basaran su arrepentimiento. Durante mucho tiempo no hubo respuesta, pese a que incluso se comentaba que existían informes previos que sí recomendaban suscribir. Por eso, esta semana el ejecutivo sacó a la luz un informe express hecho a la medida, sin firmas responsables y que han repetido incansablemente ante comisiones y medios.

¿Qué señala este informe sacado del sombrero? Que hay “problemas con la forma”, se dice, y que después de haber revisado bien el texto del acuerdo antes promovido, se había determinado que había “importantes incertidumbres que no son posibles de solucionar”. Además, se indica que el acuerdo introduciría principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental; que introduciría obligaciones ambiguas e indefinidas para el Estado; que Chile se expondría a controversias internacionales y, era que no, que generaría incertidumbre jurídica.

Sin embargo, los expertos han convenido en desestimar cada uno de estos argumentos, entre otras cosas porque bajo esa lógica, no se podrían suscribir tratados o acuerdos ya que parte importante de ellos al menos, tienen característicamente, una amplitud tal que todos podrían resultar “ambiguos o indefinidos” para la legislación nacional.

Sin embargo, pareciera que el fondo del problema no es el contenido del acuerdo, sino las implicancias que este podría tener para el modelo de desarrollo que, para una parte de la sociedad, sigue pareciendo único: el modelo extractivista basado en el uso y explotación intensiva de los recursos naturales que, en el caso de Chile, se instaló primero con la fuerza de las armas, luego con la imposición de la Constitución de Pinochet y que ahora se defiende desde el lobby de las grandes empresas que ven el acuerdo de Escazú como una potencial amenaza.

Así como ya existe una comprensión generalizada sobre a qué nos referimos cuando hablamos de “paraísos fiscales”, hoy la discusión teórica ha avanzado hacia otra cara de esta misma moneda. Tal como lo señalan Malayna Raftopoulos y Joanna Morley en su paper “Ecocidio en la Amazonía: la controvertida política de derechos ambientales en Brasil”, Latinoamérica “se está frenando en el logro del desarrollo sustentable… por su dependencia de las materias primas”. Y agrega, que entre los desafíos de la región, especialmente para los países de ingresos medios, está el estancamiento de sus logros sociales y económicos y la persistencia de una desigualdad significativa. A lo anterior añade otro desafío, que es “la inclusión del medio ambiente y los recursos naturales a las agendas nacionales, para evitar que el desarrollo de la región ponga en peligro la sostenibilidad del planeta”.

Sin embargo, estas investigadoras son enfáticas al señalar que “bajo el modelo de desarrollo actual, el dilema entre explotar la naturaleza recursos para el desarrollo socio-económico y la defensa tanto humana como ambiental derechos representa un gran desafío para los países latinoamericanos”. Pese a lo anterior, nos dicen las autoras ha seguido creciendo esta suerte de “paraíso natural”, pues “los gobiernos han rebajado los estándares y han adoptado medidas sociales, fiscales y procedimientos ambientales más flexibles en un intento por seguir atrayendo inversiones”.

Más claro echarle agua. Mientras nos tienen discutiendo acerca de un supuesto informe jurídico de última hora o sobre la contradicción que implica decir que el Acuerdo de Escazú tiende a “mezclar” derechos humanos y medio ambiente, la verdad es que la decisión del gobierno del Presidente Piñera tiene que ver con otra cosa: no solo su decisión de no tocar el modelo económico extractivista, sino de tratar de blindarlo, porque ya bastante amenaza parece ser el próximo debate constituyente, donde seguramente la protección de los recursos naturales tendrá un énfasis mayor al escueto y declarativo Artículo 19, número 8 de la actual Constitución.

Es decir, como en la ya famosa frase desplegada por James Carville, asesor del candidato presidencial demócrata Bill Clinton en 1992, el mensaje detrás de la negativa gubernamental, no eran los derechos humanos ni el medio ambiente, ni la soberanía, era una vez más: “¡Es la economía, estúpido!”.

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