El impuesto a las emisiones fijas, también conocido como impuesto verde, tuvo su origen en 2014 como parte de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el cual fue recomendado por la OCDE el año 2011 para desincentivar el uso de combustibles sucios generadores de gases de efecto invernadero (GEI), introduciéndose de esta forma un instrumento económico para apoyar la gestión ambiental y contribuir en la reducción de la contaminación local y global.
Sin embargo, en 2020 este gravamen tuvo importantes modificaciones entre las que destacó la posibilidad de compensar las emisiones, donde mediante el desarrollo y la implementación de otro tipo de acciones se podrán reducir las emisiones y para ello la ley estableció que se debe elaborar un reglamento que determine los mecanismos de compensación, los cuales comenzarán a regir el 2023.
Como sabemos, el año 2017 entró en vigencia la aplicación de la primera versión del impuesto verde a fuentes fijas según la Ley 20.780, el cual grava las emisiones al aire de Material Particulado (MP), Óxido de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Carbono (CO2), producidas por calderas o turbinas que sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos). Luego, en 2020, mediante la denominada modernización tributaria (Ley N° 21.210), se modificó este umbral de afectación técnico y se generó uno de emisiones totales contaminantes, el que estableció que a partir de 2025 deberán pagar impuestos todos aquellos establecimientos cuyas fuentes fijas emitan individualmente o en su conjunto 100 o más toneladas de material particulado (MP), o 25.000 o más toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.
Otra importante modificación al impuesto verde original es la incorporación de las compensaciones de emisiones u offsets como un nuevo instrumento de gestión ambiental y/o climática, donde las empresas o contribuyentes afectos al impuesto podrán compensar todo o parte de sus emisiones gravadas, mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante (MP, NOx o SO2) ubicados en la misma zona o comuna declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones a compensar.
De acuerdo a la ley, es el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) -en coordinación con otros servicios públicos- el encargado de liderar el proceso mediante el cual se deben elaborar reglamentos respectivos, lo cual implica definir los criterios, las metodologías y protocolos que correspondan, para determinar la forma en que se deben compensar emisiones. En un principio se había señalado que el anteproyecto del Reglamento para la Compensación de Emisiones se daría a conocer y se sometería a consulta pública el primer trimestre de este año, algo que estando ya en el mes de mayo, sigue sin ocurrir.
Para que los cambios establecidos en la Ley N° 21.210 no queden en letra muerta y se puedan aplicar a partir del año 2023, desde Fundación Terram consideramos que por una parte es importante que se respeten los tiempos de los distintos hitos previos, ya que junto con mejorar el impuesto verde, esta herramienta económica favorecerá la acción climática a nivel nacional mediante el cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada (NDC) que el país se ha autoimpuesto para reducir sus emisiones y así contribuir a alcanzar las metas comprometidas en el Acuerdo de París. El cumplimiento de compromisos internacionales por parte de Chile para mitigar el calentamiento global, requiere de acciones concretas y por ello cada vez ese hace más urgente aumentar el precio del carbono mediante el mismo impuesto verde, de manera de dar una señal potente sobre la importancia de cambiar la matriz a energías no contaminantes y de aportar en forma efectiva a la reducción de emisiones que el planeta tanto requiere.
