Por María José Urrutia, directora de CINCO Chile, y Sergio Gahona, senador Región de Coquimbo
Durante décadas, hablamos del océano principalmente desde la conservación, la pesca o la soberanía. Esa conversación sigue siendo indispensable, pero hoy se abre una nueva dimensión: el mar está entrando de lleno en la discusión sobre cambio climático, innovación y desarrollo. Y Chile no puede limitarse a observarla.
Nuestro país no parte de cero. Tenemos una comunidad científica oceanográfica de larga trayectoria, instituciones especializadas y capacidades que han permitido avanzar en biodiversidad, monitoreo y conocimiento del Pacífico.
Lo nuevo está en otra parte. En el mundo surgen tecnologías climáticas de frontera, desde distintas formas de remoción marina de carbono hasta soluciones basadas en procesos oceánicos. Son parte de una conversación más amplia sobre Economía Azul, que también abre oportunidades para innovar en ámbitos como la mitigación de impactos de plantas desaladoras o el aprovechamiento responsable de pasivos ambientales. Su desarrollo, sin embargo, avanza más rápido que las reglas para orientar su investigación, evaluación y eventual implementación.
La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ abre una nueva etapa para la gobernanza de los océanos. Chile fue el segundo país del mundo en ratificarlo y hoy impulsa a Valparaíso como sede de su Secretaría. Pero participar en las nuevas reglas internacionales no basta: debemos prepararnos para las decisiones que vendrán después.
Frente a estas tecnologías, la respuesta no puede ser avanzar sin evidencia, pero tampoco convertir la incertidumbre en una razón para no investigar. Necesitamos fortalecer la investigación, definir estándares de monitoreo, establecer criterios ambientales y generar espacios para pilotos controlados, con transparencia y participación de los territorios.
La legislación puede cumplir un papel decisivo, no para acelerar cualquier tecnología, sino para generar condiciones que permitan producir evidencia antes de tomar decisiones de escala. Por eso, desde el Senado y la sociedad civil estamos impulsando un llamado al Ejecutivo para conformar una Mesa de Trabajo Intersectorial que reúna al Estado, la ciencia, los territorios y el sector productivo, y permita construir una hoja de ruta para Chile.
Nuestro país posee una Zona Económica Exclusiva de aproximadamente 3,4 millones de kilómetros cuadrados y una relación histórica con el océano que pocos pueden igualar. Ese patrimonio se protege conservándolo, pero también anticipando los cambios que pueden afectarlo.
La nueva conversación sobre el océano no consiste en elegir entre conservación e innovación, sino en hacer que la innovación ocurra con conocimiento, reglas y responsabilidad. Chile tiene las capacidades. El desafío ahora es convertirlas en una agenda país antes de que otros definan el camino.
