Las recientes revelaciones publicadas en un especial periodístico de Mongabay y Reportea, sobre una red de pagos millonarios asociados al proyecto minero Dominga, han reabierto el debate sobre la legitimidad del proceso que ha permitido mantener viva una iniciativa ampliamente cuestionada por sus impactos ambientales y sociales.
La investigación expone pagos a operadores judiciales, dirigentes políticos y lobbistas vinculados a gestiones destinadas a favorecer los intereses de Andes Iron, empresa titular del proyecto Dominga.
Según el reportaje, los antecedentes surgen en el contexto de las investigaciones derivadas del denominado caso Hermosilla, y muestran presuntas intervenciones para influir en decisiones judiciales relacionadas con Dominga, incluyendo gestiones ante jueces y nombramientos en tribunales superiores. La publicación también identifica dentro de los asesores a al menos cinco exparlamentarios: Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. Además, se consignan pagos a Alejandro Ruiz, exministro del Tribunal Ambiental de Santiago, quien ha dado entrevistas en los medios en calidad de experto para opinar sobre Dominga, pero sin transparentar que recibe pagos de Andes Iron.
Las revelaciones refuerzan la constante alerta que desde hace años expresan las comunidades locales, los pescadores artesanales y las organizaciones científicas respecto de un proyecto que ha acumulado reiterados cuestionamientos técnicos y ha sido rechazado en tres oportunidades.
Presión para revertir el rechazo ambiental
En paralelo a estos nuevos antecedentes, continúa la presión para revertir el rechazo ambiental de Dominga.
Recientemente se dio a conocer que el Comité de Ministros resolvió reanudar la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas por organizaciones favorables a Dominga, con el objetivo de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental desfavorable que pesa sobre la iniciativa.
La instancia abrió un plazo de diez días para que la ciudadanía y las partes interesadas presenten observaciones, período que concluye el próximo 30 de octubre. Una vez finalizada esta etapa, el Comité deberá pronunciarse respecto de si acoge o rechaza dichas solicitudes.
No obstante, los abogados que representan a comunidades del Archipiélago de Humboldt informarán formalmente al Comité de Ministros que la materia continúa siendo objeto de revisión judicial y que, por lo tanto, corresponde que la autoridad administrativa se inhiba de emitir un pronunciamiento mientras existan procesos pendientes ante los tribunales.
Asimismo, durante el proceso se presentarán nuevos informes técnicos elaborados por especialistas que respaldan el rechazo ambiental del proyecto. La primera serie de antecedentes será ingresada el 23 de octubre y una segunda tanda el 30 de octubre.
Representantes de las comunidades advirtieron que cualquier intento de avanzar hacia una nueva votación sin considerar estos antecedentes ni respetar el principio de abstención frente a causas judiciales en curso, constituiría una grave señal para la institucionalidad ambiental del país.
Llamado a la transparencia y al respeto de la institucionalidad
Las organizaciones y comunidades del territorio sostienen que las recientes denuncias sobre pagos a operadores judiciales, dirigentes políticos y lobbistas hacen aún más indispensable que toda decisión futura sobre Dominga se adopte con absoluta transparencia, considerando los antecedentes técnicos y científicos disponibles que abunda y hacen improcedente la construcción de un mega puerto en una zona cuyo valor ecológico es incalculable.
“Lo que está pasando con Dominga es gravísimo. Las revelaciones sobre millonarios pagos a operadores judiciales, políticos y lobbistas vinculados al proyecto deben investigarse hasta las últimas consecuencias y, de confirmarse, demuestran lo que siempre hemos visto: que se ha intentado mantener vivo este proyecto mediante una red de influencias, pese a los graves impactos que tendría sobre uno de los ecosistemas marinos más valiosos de Chile”, señaló Gabriel Molina, dirigente histórico de la pesca artesanal en el Archipiélago de Humboldt. Desde Oceana, organización que ha trabajado en la conservación de la zona, solicitaron transparencia, y actuar con responsabilidad frente a cualquier decisión sobre Dominga, las cuales deben basarse exclusivamente en la evidencia científica y en la protección definitiva de este archipiélago.
Tanto desde las organizaciones de la comuna, así como desde el mundo científico se reiteró que el rechazo del proyecto se encuentra suficientemente fundamentado en informes técnicos que han advertido riesgos significativos para uno de los ecosistemas marinos más relevantes del país, y manifestaron su preocupación ante lo que diversos especialistas han descrito como maniobras destinadas a reabrir una discusión que ya ha sido resuelta en múltiples oportunidades por distintas instancias técnicas y ambientales, reafirmando el rechazo a la construcción de Dominga.
