Luego de conocer el potencial contaminante que tendría tanto en Argentina como en Chile, la puesta en marcha de la usina de Río Turbio, en territorio trasandino, el diputado Gabriel Boric ofició a Cancillería, para que tome cartas en el asunto y dé garantías a la población de Magallanes, a través de los mecanismos institucionales con los que cuenta.
El documento expresa la preocupación a raíz de las conclusiones arrojadas en el seminario binacional de “Desafíos energéticos en la Patagonia”, realizado el pasado 28 de noviembre, ocasión en la que expuso un representante de la Asamblea Ciudadana de Río Gallegos, quien alertó sobre la planta termoeléctrica que se encuentra pronta a ser inaugurada en la vecina localidad de Río Turbio.
El seminario se desarrolló en el marco del período de recopilación de antecedentes y consultas realizadas, relativas al proyecto denominado usina de Río Turbio, y evidenció la gravedad del problema, dadas las rachas de viento en la zona y la cercanía de la planta termoeléctrica con la Región de Magallanes, cuya nube tóxica podría afectar a Puerto Natales y Torres del Paine, generando incluso precipitaciones de lluvia ácida.
Río Turbio se encuentra a aproximadamente 15 kilómetros de la frontera con Chile y a 30 de Puerto Natales. La central, de 240 MW fue adjudicada en 2007 a un consorcio liderado por la empresa española Isolux, que subcontratró la provisión de las turbinas a la alemana Siemens, el suministro de las calderas a la norteamericana Foster Wheeler y las obras civiles a empresas locales. Combustionará carbón mineral proveniente de la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El documento detalla que la central emitirá gases como CO2, SO2 y NOx y CO, no pudiendo determinarse el impacto que tendrán, pues no existen registros de vientos que predigan el destino. Las emisiones de esta chimenea, enfatiza el oficio, superan en 5 veces a las de la papelera uruguaya Botnia, que generó un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay por los efectos nocivos de sus gases.
Finalmente, el texto destaca que Chile y Argentina suscribieron un tratado sobre medio ambiente el año 1991, el que en Chile fue promulgado por Decreto Supremo Nº67 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 16 enero de 1992, siendo este Ministerio el encargado de su implementación en Chile, a través de su Dirección de América del Sur.
Fuente: www.laprensaaustral.cl
