El lunes 15 de abril AES Andes desconectó y puso fin a la operación de las termoeléctricas a carbón Norgener 1 y 2, en la ciudad de Tocopilla. Con esto se concretó el retiro de 11 centrales carboneras del Sistema Eléctrico del país, de un parque total de 28 que operaban en 2019.
Este hecho constituye un importante avance en el Plan de Descarbonización del Sistema Eléctrico Nacional, y también un gran alivio para la salud de la población tocopillana, que por décadas ha sufrido los impactos de la contaminación generada por las centrales a carbón.
No obstante, organizaciones socioambientales, entre ellas Coalición Chao Carbón, ChileSustentable, Greenpeace y Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente, manifestaron, una vez más, su preocupación por las condiciones en las que se realizó el cierre de las centrales de AES Andes. Así, lo expresaron en una carta que enviaron a Codexverde:
«Nos preocupa profundamente la falta de cumplimiento de las condiciones que aseguren una transición social y ambientalmente justa, en el contexto del proceso de descarbonización que estamos viviendo. El cierre de toda central a carbón debe realizarse cumpliendo las normas sectoriales y los Planes de Abandono que ordenan las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para remediar los pasivos ambientales que quedan tras años de operación de industrias altamente contaminantes, como los asociados a las canchas de carbón, depósitos de cenizas, infraestructura de generación y tuberías de captación de agua de mar para enfriamiento. Los Planes de Abandono también deben abordar los impactos económicos que el cierre de una planta puede causar en la zona y asegurar la participación de la comunidad local en el proceso de cierre, asegurando incluir sus preocupaciones y perspectivas, con transparencia y ánimo de rendición de cuentas.
En el caso de las unidades Norgener 1 y 2, el cierre se realizó sin Planes de Abandono evaluados y aprobados ambientalmente por la autoridad, tal como exigen las Resoluciones de Calificación Ambiental de ambas plantas. Esto atenta contra los compromisos de Transición Justa y genera incertidumbre alrededor de la necesaria remediación y restauración ambiental para el borde costero de Tocopilla. Más aún, la situación también arriesga consolidarse como un peligroso precedente para el cierre de las sucesivas plantas de carbón, en el contexto del proceso de descarbonización y transición energética por el que atraviesa el país.
Por lo anterior, llamamos al gobierno a monitorear los procesos de cierre que se están dando, fiscalizando el cumplimiento de las condiciones que aseguren que la transición energética de Chile sea justa en lo social y ambiental. Esto solo será posible mediante el estricto cumplimiento de los permisos sectoriales; la autorización y fiscalización de los Planes de Abandono incluidos en las Resoluciones de Calificación Ambiental; el cumplimiento de la regulación laboral; y el apoyo de alternativas de desarrollo económico sano y sustentable en las comunas descarbonizadas».
