Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas y liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este 2025, el foco global estará puesto en la contaminación por plásticos, una crisis que impacta de forma alarmante en la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas del planeta.
De acuerdo con datos de PNUMA, actualmente se producen más de 400 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales menos del 10% se recicla. Se calcula que 11 millones de toneladas terminan en ríos, lagos y océanos, afectando desde los fondos marinos hasta las montañas. Los microplásticos, presentes en el agua, el aire y los alimentos, se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana: se estima que una persona promedio ingiere más de 50 mil partículas plásticas al año.
Este contexto global ofrece la oportunidad para reflexionar sobre las políticas ambientales en Chile. ¿Qué avances ha tenido el país en materia ecológica? ¿Qué rol ha cumplido el actual gobierno en este desafío? Y, más aún, ¿qué opinan las organizaciones ambientales sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric en temas como la crisis climática, la protección de los ecosistemas y la transición energética?
Cuenta Pública 2025
Durante su Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric destacó algunas temáticas ambientales en su gestión. En su discurso, reafirmó el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, en línea con la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.
Otro anuncio destacado fue la aprobación de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, que busca transformar estructuralmente el modelo de producción del país, incorporando criterios de equidad ambiental y social. A esto se suma la creación de 37 nuevas áreas protegidas y la histórica aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), tras más de una década de tramitación legislativa.
En materia energética, el mandatario subrayó el liderazgo de Chile en el desarrollo de energías limpias. Mencionó la tramitación de la Ley de Transición Energética, el establecimiento de un subsidio eléctrico para hogares vulnerables, y el lanzamiento del Plan de Acción de Hidrógeno Verde al 2030, con foco en la capacitación laboral e infraestructura. Asimismo, destacó el avance de la Estrategia Nacional del Litio, que contempla un mayor rol del Estado en su explotación y la creación de una Red de Salares Protegidos, que ampliará de un 8% a más del 30% la superficie de salares bajo resguardo.
Preocupación por retrocesos en estándares socioambientales
Pese a estos anuncios, diversas organizaciones ambientales manifestaron preocupación por señales contradictorias en la gestión del Ejecutivo, especialmente a propósito del anuncio de un nuevo proyecto de ley para acelerar el cierre de las centrales a carbón al 2035. Si bien valoran la urgencia climática del objetivo, advierten que esta iniciativa se enmarca en un conjunto de reformas que podrían debilitar el marco regulatorio ambiental.
“Observamos con preocupación que esta iniciativa se enmarca en una tendencia regresiva en materia socioambiental, que debilita estándares legales y reduce los espacios de evaluación y participación ciudadana bajo el argumento de acelerar la transición energética”, sostuvo Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable. “No obstante parece positivo el anuncio de acelerar el cierre de las centrales a carbón al año 2035, el Presidente aludió a condiciones favorables para cualquier proyecto que contribuya a la descarbonización”, agregó.
Entre las principales alertas levantadas por la organización se encuentran: la posibilidad de eximir a ciertos proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la eliminación de controles técnicos ambientales mediante declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo para aprobar proyectos sin pronunciamiento de los organismos sectoriales, y la habilitación de megaproyectos en áreas protegidas sin requerimientos del SBAP. También, preocupa el debilitamiento de la protección de bosques nativos, especialmente tras la modificación del Decreto Supremo 82.
Desde Fundación Ecosur, su directora de Incidencia y Políticas Pública, Pamela Poo, fue aún más enfática: “En el Día Mundial del Medio Ambiente, en el caso de nuestro país, nos encontramos en un pésimo momento, ya que si se aprueba el proyecto de ley de permisos sectoriales que se encuentra en segundo trámite, anunciado por el Presidente Boric, estaremos ante una regresión ambiental a nivel legal, nunca antes vista en un gobierno democrático. Lo anterior afectará gravemente la convivencia democrática y la relación entre empresas, ciudadanía y autoridades, ya que se quiebra el equilibrio, sobreponiendo al mundo privado, por sobre el bien común de la sociedad”.
Por su parte, Felipe Fontecilla, encargado de Desarrollo Organizacional de Uno.Cino, señaló: “Este gobierno llegó con una agenda socioambiental ambiciosa, pero a tres años, muchos compromisos siguen sin cumplirse. La transición energética justa no puede seguir postergándose y estrategias como la del litio o el hidrógeno verde verde avanzan sin considerar los impactos que tendrán. Nos preocupa la falta de plazos concretos para la descarbonización, la carencia de contenidos en materia energética y que en nombre del desarrollo se sigan sacrificando los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos”.
El balance ambiental del gobierno evidencia un panorama mixto: por un lado, se han concretado reformas para la protección de la biodiversidad y la planificación energética de largo plazo. Por otro lado, los cambios normativos anunciados bajo la lógica de agilización o simplificación despiertan dudas sobre su impacto en los derechos ambientales, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.
