Fundación Terram publicó un nuevo documento de investigación titulado “Nuevo modelo público-privado del litio: el abandono de la empresa estatal”. El informe realizado por Engel Ramírez, investigadora de la organización, identifica y analiza los principales hitos y contingencias surgidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio (ENL) y evalúa el nivel de transparencia con que se está implementando esta política, advirtiendo sobre los posibles riesgos de corrupción asociados a esta opacidad.
En primera instancia, el estudio hace un repaso histórico del origen de las pertenencias mineras de litio y de los contratos suscritos por CORFO con SQM y Albemarle, hasta llegar a las modificaciones legales que derivaron en su definición de mineral estratégico, no concesible y reservado para el Estado, a partir de los cuales surge el actual modelo de contratos especiales de operación (CEOL).
La autora del documento sostiene que “es importante recordar que la creación de la empresa nacional de litio, no fue sólo uno de los principales pilares mencionados en la estrategia, con el compromiso de la presentación de un proyecto de ley (PL) para fines de 2023; sino que también, fue una de las principales promesas de campaña del programa de gobierno de Gabriel Boric, que hasta el momento no ha mostrado indicios de concretarse”.
Estrategia Nacional del Litio
Luego del lanzamiento de la ENL en 2023, se establecieron nuevos criterios y procedimientos para adjudicar CEOL, diferenciando entre salares estratégicos para el Estado, proyectos público-privados liderados por empresas estatales y un sistema de convocatorias (RFI) para consorcios nacionales e internacionales, con un proceso simplificado o “fast track”.
El documento de Fundación Terram señala que, si bien la Estrategia Nacional del Litio (ENL) incorporó recomendaciones desarrolladas en políticas previas, en la práctica ha abandonado la creación de una empresa estatal dedicada exclusivamente a la explotación de este mineral, cuyo proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio, comprometido para fines de 2023, aún no ha sido presentado y permanece en “evaluación”. En su lugar, el gobierno ha optado por fortalecer asociaciones público-privadas a través de Codelco y Enami, lo que se refleja en las tres categorías de explotación definidas por la ENL, donde se identifican dos salares estratégicos para el Estado, cinco salares para proyectos liderados por empresas estatales, y doce salares y yacimientos identificados mediante procesos de RFI, donde se recibió 88 manifestaciones de interés de 54 empresas y consorcios, pero que generó cuestionamientos por la escasa información disponible sobre los actores involucrados y los yacimientos seleccionados.
Bajo este contexto, la investigadora cuestiona quiénes han sido los verdaderos beneficiados con la ENL. “De los variados compromisos contenidos en esta estrategia, los esfuerzos han parecido centrarse en fortalecer y acelerar los procesos de adjudicación para privados, y las asociaciones público privadas poco transparentes, como en el caso del acuerdo de Codelco con SQM”.
Codelco y Enami: asociaciones bajo cuestionamiento
El documento advierte que las asociaciones público-privadas impulsadas en el marco de la Estrategia Nacional del Litio han estado marcadas por falta de transparencia y un trato preferente hacia SQM, empresa que mantiene un historial de conflictos contractuales y litigios con el Estado. Entre ellos, destacan conductas que habrían buscado hacer inviable la licitación del Salar de Atacama, obstruyendo la participación de terceros, lo que llevó a CORFO a solicitar el término anticipado del contrato; sin embargo, tras casi cinco años, el proceso concluyó en una conciliación que amplió la cuota de extracción original a cambio de una redistribución de la renta de arrendamiento. Pese a estos antecedentes, en 2024 se suscribió un nuevo acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama hasta 2060, lo que generó fuertes críticas por realizarse mediante trato directo y otorgar al Estado una exigua participación en la sociedad (50+1) a pesar de ser el poseedor de las pertenencias. Este hecho, motivó la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo informe —aprobado en junio de 2025— recomendó dejar sin efecto dicho acuerdo por graves irregularidades, inconsistencias, falta de transparencia e información sin fundamento.
En este mismo marco, Enami se adjudicó recientemente un CEOL para su proyecto Salares Altoandinos, en los salares Aguilar, La Isla y Grande, y además firmó un acuerdo de asociación con Río Tinto por una inversión estimada de USD 3 mil millones. Esta situación ha generado controversias, especialmente porque la empresa francesa Eramet —también participante del proceso— declaró poseer pertenencias mineras en los salares en cuestión, sin embargo, no fue elegida como socia.
Fast Track: adjudicaciones simplificadas de litio con poca transparencia
El documento destaca que, aunque los contratos especiales de operación de litio (CEOL) se han intentado implementar en ocasiones anteriores, con la Estrategia Nacional del Litio se han impulsado procedimientos simplificados o “fast track” que facilitan su adjudicación. Hasta junio de 2025, el Ministerio de Minería había recibido nueve solicitudes de CEOL bajo este sistema, siendo cinco acogidas a trámite y cuatro rechazadas, en procesos que han sido cuestionados por la falta de información pública, criterios técnicos poco claros y escaza licitación estatal, evidenciando deficiencias persistentes en los niveles de transparencia.
Fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción
En el documento se concluye que los contratos y licitaciones en la industria del litio en Chile, muestran claros signos de captura política, evidenciada en el poder que tienen SQM y Albemarle al tener la concentración de la producción nacional del litio, y las limitaciones del Estado para sancionar incumplimientos y prevenir riesgos de corrupción. Además, se constata una gran opacidad en los niveles de transparencia y acceso a la información, dificultando la participación ciudadana.
Entre las principales recomendaciones que se plantean, destacan la creación de una plataforma web pública e integrada con toda la información sobre los CEOL actuales y futuros, contratos de proyecto y arrendamiento vigentes, y el cumplimiento ambiental de las empresas. También, se debería avanzar en la adhesión al estándar internacional EITI en términos ambiciosos, transparentar las bases de licitación y rúbricas de evaluación de las empresas participantes en estos procesos, y fortalecer medidas anticorrupción y de exclusión para empresas con antecedentes de incumplimiento, complementadas con un registro público de sanciones aplicadas por los órganos fiscalizadores.
La autora del documento sostiene que “la transparencia y el acceso a la información pública, son aspectos claves que deben ser promovidos y garantizados en todas las acciones y procedimientos realizados por organismos del Estado, esto con el objetivo de facilitar la supervisión ciudadana, y velar por la integridad y probidad pública que minimice posibles riesgos de corrupción”. Concluye Engel Ramírez, auto
