Cuando en diciembre de 2018 se anunció que Chile sería la sede de la 25 Conferencia de las Partes (COP25), muchas organizaciones y personas ligadas al mundo ambiental tomamos la noticia con optimismo y esperanza, sabiendo que el 2019 sería un año intenso lleno de desafíos para las organizaciones y el gobierno. Con el correr de los meses ese optimismo y esperanza se fue transformado en preocupación, pues el país designado como sede debe, por una parte, allanar el camino para que durante la COP se logren acuerdos entre todos los estados involucrados, los cuales son parte de una agenda de trabajo predeterminada. Por otra, el país que es sede o que preside debe representar la región a la cual pertenece, es decir la COP que se realizaría en Chile y que finalmente se realizó en Madrid debía, de alguna forma, representar los intereses de la región Latinoamericana y el Caribe. Por último, es esperable que el país que preside genere avances significativos en materia climática o ambiental a nivel nacional y subnacional.
Para analizar los resultados obtenidos en la COP25 se deben abordar estas tres dimensiones, aunque evidentemente no todas pesan lo mismo en el análisis internacional. En ese sentido, desde un principio estuvo claro que en materia internacional el desafío más importante que tenía Chile para esta reunión era lograr los acuerdos necesarios para que se pueda implementar el Artículo 6 del Acuerdo de París, cosa que como bien sabemos no se logró. Las dificultades para el logro de estos acuerdos no son fáciles de explicar, muchas de ellas son extremadamente técnicas. Sin embargo, lo que sí hay que saber es que todas las decisiones que se adoptan al alero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) son por consenso, lo cual es una tremenda dificultad, pues basta que un país o grupo de países tenga intereses distintos a los de la mayoría para que se bloquee un acuerdo.
Cabe recordar que en la COP24 realizada en Polonia, fue la propia ministra Schmidt a quien le tocó liderar el proceso de negociaciones sobre el citado Artículo 6 y no logró los acuerdos necesarios, por lo cual la ministra y el equipo COP25 sabían de antemano que este era un tema complejo y de difícil solución. En este sentido, resulta muy difícil saber si durante el año 2019 se desarrollaron las conversaciones necesarias, se establecieron alianzas adecuadas y se implementaron las estrategias apropiadas para destrabar el camino y lograr los acuerdos durante la COP25. El resultado de lo ocurrido en Madrid es que el tema quedó pendiente de resolución para la COP26 y la pregunta que cabe hacerse es ¿qué hará Chile ahora?, pues nuestro país debe entregar la presidencia a fines de noviembre de 2020.
Entonces, ¿cuál es el plan para remontar la derrota?
Por otra parte, cabe analizar como queda la relación de Chile con los países de Latinoamérica y el Caribe, pues desde un comienzo fue evidente que el gobierno de Sebastian Piñera no comprendía la responsabilidad de ser sede de la COP para trabajar en forma conjunta con los países de la región y que estos se involucraran en el tremendo desafío de generar acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para poner en una agenda común los temas regionales asociados a cambio climático que tienen mucho mas que ver con adaptación y mecanismos para afrontar pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, que con solo reducción de emisiones. En este sentido, resulta evidente que a las autoridades de nuestro país les cuesta relacionarse con la región a la que pertenecen, pues poco o nada tomó Chile de la experiencia peruana del año 2014, cuando ese país fue sede de COP20 y realizó un importante trabajo para allanar el camino hacia el Acuerdo de París que se logró al año siguiente en 2015.
Otro factor relevante que le jugó en contra a Chile fue la negativa del presidente Piñera de suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú. La no suscripción de este importante tratado en materia ambiental y de derechos humanos, sin duda le restó posibilidades de liderazgo a nuestro país. A esto se sumaron las demandas sociales del pueblo de Chile y las denuncias sobre violaciones a DD.HH. en el país, que, si bien no estuvieron presentes en las negociaciones entre todas las partes, contribuyeron a marcar un telón de fondo con los países de la región.
Por último, y con menor incidencia en el plano internacional, es la evaluación que se pueda hacer sobre los cambios o avances en materia de política publica climática o ambiental al interior del país. La verdad es que aquí no hay mucho que mostrar, pues durante el 2019 se dio a conocer una agenda voluntaria de descarbonización acordada entre las empresas y el gobierno, la cual fue modificada hace unos días anticipando el cierre de unidades termoeléctricas, pero que no ha dejado conforme a las personas que viven en las comunas donde se emplazan estas centrales térmicas.
Por otro lado, durante 2019 el Ministerio de Medio Ambiente puso en consulta pública un proyecto de Ley sobre Cambio Climático, que recibió observaciones del mundo académico, ONGs y empresas. Esta iniciativa legal, según lo anunciado por la ministra Schmidt, debería ingresar en los próximos días al parlamento, sin embargo, se desconoce su contenido final y por tanto no se puede decir si es un buen o mal proyecto de ley. Además, se desconoce si este contemplara acciones a nivel local y contará con el financiamiento adecuado.
También durante 2019 se elaboró la actualización de la contribución nacional determina (NDC) o plan de acción climático que el gobierno de Chile se había comprometido a entregar a la CMNUCC durante la COP25 y que por diversas razones tuvo que retrasar. Este estuvo en consulta pública hasta el 2 diciembre, no sabemos cuál será su contenido final. La actualización de la NDC no solo tiene importancia a nivel nacional, también es un instrumento que da una señal política de compromiso internacional en la medida que el contenido de esta sea ambicioso y que esté de acuerdo al llamado realizado por la ciencia, es decir, que apunte a no sobrepasar el aumento de la temperatura media global hacia fines de siglo en 1,5°C.
En fin, estas y muchos otros temas pueden ser revisados y analizados con el propósito de comprender las razones del fracaso de la presidencia de Chile en la COP25. Sin duda, hubo logros, pero estos quedaron totalmente opacados en la sesión de cierre de la COP25. En el recuerdo resuenan frases dichas por el presidente Piñera y la ministra Schmidt en las cuales se señalaba que esta sería la COP de la “ambición”, la COP en la que se relevaría el rol de la ciencia, que sería una COP ciudadana y otras tantas cosas.
Por ello me permito cerrar con una frase del Presidente Piñera en su discurso del 11 de abril del 2019: “queremos que esta Cumbre sea una oportunidad para que Chile pueda mostrar y fortalecer el liderazgo internacional que se requiere para construir los acuerdos que el mundo necesita, y para avanzar hacia metas mucho más ambiciosas, que las que se comprometieron en la COP de París, y con mecanismos que las hagan más exigibles que los que se crearon en la COP de París”.
