Comisión de la Cámara de Diputados critica fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente a mineras

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Con una visión crítica recibieron en la Comisión Investigadora de la Cámara sobre glaciares, cuencas y salares, los antecedentes aportados por la Superintendencia de Medio Ambiente y por la Conaf en torno a las fiscalizaciones que se realizan sobre estas materias en la Región de Antofagasta, particularmente teniendo a la vista la acción de las empresas mineras en los ecosistemas sensibles.

Los diputados cuestionaron de manera generalizada la falta de fiscalización directa y preventiva de parte de los organismos, tanto en lo relativo al tema del agua como a lo referente a los ecosistemas circundantes a los salares.

«¿Ustedes hacen un monitoreo sistemático que vaya analizando los bioindicadores para saber si hay impacto en los humedales?», interrogó la diputada Daniella Cicardini (PS). «Es evidente que se tiene que producir una coordinación cuando hay afectación, con la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente, pero mi inquietud tiene que ver con los procesos de planificación de los territorios y, por lo que usted dice, no hay mucha planificación ni anticipación a esos temas», comentó el diputado Sergio Gahona (UDI).

Efectivamente, para el presidente de la Comisión, diputado Marcos Espinosa (PRSD), ha ido quedando demostrado en las distintas sesiones de la Comisión que las empresas mineras que operan en salares u otras ambientes frágiles son los que envían informes a la Dirección General de Aguas (DGA) y a otros organismos fiscalizadores, con datos, por ejemplo, en lo relativo a la extracción del agua que utilizan. «Mi convicción es que los organismos del Estado encargados de fiscalizar no han realizado su labor como corresponde, porque durante años esto viene ocurriendo y ya tenemos lugares prácticamente secos por el abuso de la poca agua disponible«, remarcó.

La diputada Alejandra Sepúlveda (IND) compartió la visión y sostuvo que no corresponde que las empresas sean las que entreguen la información, sino que debería ser recopilada por los funcionarios de la DGA o de la Superintendencia de Medio Ambiente, según el caso. «Dejamos al gato cuidando la carnicería y eso no es lo que corresponde», sentenció.

Estimó que, de hecho, la mayoría de los datos que se están entregando son de terceros y no originados por los organismos del Estado, lo que consideró incorrecto, por cuanto son estos los llamados a cumplir un rol de fiscalización sobre esos terceros que son parte de la problemática. «Espero que se aclare un poco la situación y se busque una forma en que estas empresas no sean las que entreguen la información, sino que sea el Estado el que sea el que esté permanentemente midiendo«, agregó.

Dijo que está particularmente preocupado por el tema de los flamencos, porque la información que se entregó es bastante ambigua; así como también por los resultados de las fiscalizaciones de la Superintendencia a Escondida, en Punta Negra, ya que solo se mencionó los casos pero no las consecuencias de ellos, así que no se sabe si hubo remediación de los puntos observados.

Superintendencia

En su presentación, el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, se refirió al caso del Salar de Punta Negra, donde es posible identificar como unidades fiscalizables a las mineras Zaldívar, Escondida, El Peñón y la prospección minera OGA (hoy cerrada o abandonada).

Especificó que se constataron hallazgos en las dos fiscalizaciones a minera Escondida (22 en 2013 y 11 en 2015) que generaron solicitudes de información respecto del manejo de lixiviados o aguas ácidas; el manejo de emisiones atmosféricas; el sistema de conducción y del depósito de relaves; el manejo de aguas lluvias; la captación de agua; la intervención o afectación de cursos de agua, y la pérdida o alteración de hábitat para fauna.

Luego, relató el proceso cursado en 2016 tras el ingreso de una denuncia por una presunta afectación del salar, cuyo resultado fue la imposibilidad de identificar compromisos asociados a conservación, seguimiento o monitoreo del ecosistema lacustre, así como tampoco para efectuar una evaluación de los potenciales efectos ambientales producto de la explotación del recurso hídrico.

Además, indicó que, respecto de los compromisos de extracción, la Superintendencia concluyó que el «caudal promedio total extraído desde el sector del salar de Punta Negra durante el año 2014 fue de 333l/s, lo cual es inferior a 487l/s que es el uso histórico anterior a la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental».

Ante preguntas concretas de los legisladores, el Superintendente dijo que no puede entregar antecedentes más precisos sobre la investigación del Salar de Punta Negra, porque el caso está en la división de Sanción y Cumplimiento y, por tanto, bajo reserva hasta que el tema pase a la fase de formulación de cargos o a la desestimación de la causa.

Conaf

La Conaf, representada por su director (S), Jorge Martínez, y por Eduardo Núñez, se focalizó en el tema de la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y su relación con la preservación de los ecosistemas vinculados al salar Punta Negra y al Parque Nacional Llullaillaco.

Sostuvieron que en el salar de Punta Negra no existen formaciones vegetales xerofíticas (se construye por especies autóctonas, preferentemente arbustivas), en tanto que en el área circundante no se presentan solicitudes de corta de vegetación por parte de empresas que hayan sometido sus proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que no se han otorgado autorizaciones o planes de trabajo ni fiscalizaciones en la zona.

Indicaron que la Conaf ha presentado oposición o reconsideración a solicitudes de exploración de aguas subterráneas en áreas de influencia de Llullaillaco, en virtud de lo establecido en la Convención de Washington, esto es, prohibición de utilización comercial de las riquezas naturales de un parque nacional.

Además, aseguraron que la Corporación ha fiscalizado las medidas de mitigación del medio biótico y de la fauna silvestre en torno al proyecto «Modificaciones de las instalaciones de manejo y procesamiento de mineral sulfuro» de la minera Escondida, en el marco de las labores encomendadas por la Superintendencia de Medio Ambiente.

Respecto de las especies animales, se relató que la población total de vicuñas al 2015 en el parque es de 638 ejemplares; en tanto que sobre los flamencos se entregó un gráfico que muestra una variación en el tiempo, con alzas y bajas en sus poblaciones, para las dos especies predominantes: andino y chileno.

Frente a preguntas de los legisladores, Eduardo Núñez dijo que no tienen antecedentes como para afirmar que pudiera haber un efecto en las poblaciones animales producto de los proyectos mineros presentes en la zona. Descartó sí la posibilidad de que ello ocurra en el parque Llullaillaco, ya que sus aguas están arriba de las intervenciones mineras, pero no lo hizo en el caso de Punta Negra, donde existiría nidificación de flamencos. En todo caso, alertó que los datos de las poblaciones y sus condiciones no las recopila la Conaf, sino que son aportados por las propias mineras.

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