Chile es un país marítimo por excelencia, sin embargo, no tenemos conciencia pública sobre lo que implica este importante patrimonio, en particular la costa y su océano costero, para el desarrollo de nuestros territorios e incluso, lo esencial que es la sostenibilidad de este país marítimo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos desafía la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El escenario futuro de nuestro océano y costa es preocupante. En especial, si consideramos la creciente pérdida de humedales, playas y dunas debido al crecimiento urbano y el intenso extractivismo que se ha ido desarrollando en el sur del país por la acuicultura de salmones. ¿Las consecuencias? Desolación en ecosistemas prístinos de Patagonia, impacto sobre pueblos originarios y caletas de pescadores, con sus reivindicaciones históricas en el maritorio.
A esto debemos sumar, la alta recurrencia de desastres, el desarrollo de zonas de sacrificio e impactos de la industria minera y del carbón en el centro-norte del país, que ha agravado la crisis del agua.
Los instrumentos de gestión ambiental y normativas, por lo tanto, requieren de una urgente actualización, y de la necesidad de socializar una nueva visión de las zonas costeras, que permitan una mayor sostenibilidad, de cara a las generaciones futuras.
¿Por qué la costa y su océano costero no han sido objeto de gestión integrada en Chile? ¿Por qué sus recursos naturales y culturales se venden por separado como cualquier otro bien en el mercado?
Quizá la causa más evidente radica en la falta de reconocimiento de su carácter público y de una visión sistémica sobre su funcionamiento. En esta zona de transición de difícil delimitación, se desarrolla una interfase tan rica en recursos naturales que en su conjunto aporta el 80% de los servicios ecosistémicos del mundo.
Estos constituyen bienes de uso público, partiendo por el agua, sin embargo se pierden a una velocidad creciente, debido al extractivismo desmedido y a las facilidades que impone el modelo económico imperante –que acumula, segrega, margina y genera grandes brechas de equidad–, hoy en crisis socio-políticas en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, donde se busca una mayor equidad y acceso a oportunidades para desarrollo.
La costa y su mar costero proporciona por su carácter singular, una elevada biodiversidad que se traduce en paisajes de alta valoración económica, social y cultural, llegando a jugar un rol relevante en el desarrollo inmobiliario donde la calidad del paisaje costero se ha traspasado a las decisiones de inversión.
Los últimos 40 años dan cuenta de cómo el territorio costero en Chile se ha ido transformando en un lugar donde confluyen intereses económicos, y donde el bien común, queda relegado a último plano. Esta condición de extractivismo, impide entender la costa y su mar costero, como un sistema interconectado con las cuencas hidrográficas, las cuales aportan sedimentos, caudal, nutrientes al océano costero, pero también contaminación y desechos industriales que son generados en ellas como parte de las prácticas insostenibles debido a la falta de una Gestión integrada de Cuencas.
Entender la costa y su océano costero desde una visión sistémica y ecosistémica, es vital para la sobrevivencia de éstas en las siguientes décadas, ya que el mantenimiento de estos espacios radica en reconocer la interdependencia con las cuencas hidrográficas aportantes.
Por lo tanto, continuar apostando a centrales hidroeléctricas, carreteras hídricas y destrucción de glaciares en las nacientes de estas cuencas, para privilegiar la actividad minera en lugar de mejorar la gestión de recursos hídricos, hoy en día resulta totalmente irracional.
La zona costera y su mar costero constituyen un patrimonio de todas y todos los chilenos y corresponde consensuar sus usos de manera participativa y colaborativa.
Hoy en día existe conocimiento científico para apoyar una toma de decisiones que promueva una nueva gobernanza costera centrada en el reconocimiento de este carácter público y en el rol de co-producción de las decisiones en conjunto con las comunidades.
En este sentido, apostar a una Ley de Costas centrada en estos principios puede ayudar a la transformación sostenible que todos anhelamos, para que este patrimonio quede efectivamente disponible para generaciones futuras. Chile está al debe con su costa y es responsabilidad de todos protegerla, reconociendo su carácter público, y la riqueza ecosistémica que la sostiene.
