Los abogados y abogadas de la Alianza Humboldt presentaron distintos recursos judiciales buscando revocar la última resolución del Primer Tribunal Ambiental (1TA), que ordenó modificar el rechazo unánime entregado por el Comité de Ministros a Dominga, “forzando” a esta instancia a aprobar el proyecto.
Por una parte, la organización de conservación marina Oceana presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, en donde se cuestiona el evidente actuar ilegal de los ministros del 1TA. En el escrito, se afirma que el contenido de la última resolución favorece injustificadamente a la empresa dueña del proyecto Dominga, lo que atenta contra la igualdad ante la ley, garantía consagrada en la Constitución. En esta línea, se afirma que “Andes Iron SpA es una persona jurídica privilegiada en la causa”, agregando que los ministros del 1TA “han establecido diferencias arbitrarias”.
La queja solicita al máximo tribunal que acoja el recurso “en todas sus partes, ordenando enmendar las faltas y abusos cometidos y denunciados” y que anule “la resolución que motiva este recurso” o, en su defecto, determinando las medidas que el máximo tribunal “estime conducentes para remediar tales faltas y abusos, en aras a evitar un quebrantamiento del Estado de Derecho”, concluye.
“La sentencia del Primer Tribunal Ambiental, y sobre todo con la última resolución, deja en claro que este organismo decidió darse facultades que la ley no le otorga”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. “Nunca antes un tribunal ambiental había traspasado el límite que le impone la ley y en este caso, se pone en posición de querer decidir la aprobación de un proyecto, cuando su función es revisar los actos administrativos del Estado en materia ambiental”, añadió el abogado que representa a Oceana.
“Se pone en riesgo el Estado de Derecho”
Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por MODEMA, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se centra en las motivaciones que tuvo el 1TA para exigir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que actúa como la secretaría técnica del Comité de Ministros, que dicte una nueva resolución.
En el recurso de apelación, se afirma que se “incurre en sendos vicios de ilegalidad” y se infringe “gravemente el ordenamiento jurídico y pone en riesgo el Estado de Derecho al descansar en interpretaciones alejadas de la voluntad del legislador en materia ambiental”.
Alejandra Donoso, directora ejecutiva de Defensoría Ambiental, señaló que el Tribunal Ambiental de Antofagasta “cometió una serie de ilegalidades que nos parecen gravísimas”, agregando que además “afectan los derechos de las personas, que en su momento hicieron observaciones ciudadanas y que arbitrariamente el Tribunal Ambiental determinó que el Comité de Ministros debía dejar fuera de su decisión”, sentenció la abogada.
Los recursos interpuestos por las comunidades locales y la sociedad civil se suman a un recurso de apelación presentado por el SEA ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Andes Iron se justifica
Cabe recordar que hace unos días, Andes Iron señaló en un comunicado que el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) confirmó que el Comité de Ministros actuó de manera improcedente al agregar causales de rechazo al proyecto Dominga. La empresa expresó su esperanza en que esta vez se acate lo instruido por la justicia ambiental y se reconozca que el proyecto cumple con la normativa. Además, destacaron que el tribunal incluso dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas coercitivas si el Comité persiste en el incumplimiento de la sentencia.
En su comunicado, Andes Iron reiteró que el proyecto Dominga ha recibido pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales, incluyendo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable en 2017. La empresa solicitó poner fin a los obstáculos que, a su juicio, han frenado su desarrollo y desprestigiado la institucionalidad. Mientras tanto, anunciaron que retomarán la tramitación de los permisos sectoriales para iniciar la construcción, dado que la sentencia restableció la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
