Por Mauricio Zambrano-Bigiarini, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académico de Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera.
El agua es un recurso limitado, que solo funciona como recurso renovable cuando está bien gestionado. No solo nuestra supervivencia y la de los ecosistemas dependen de ella, sino que también la mayoría de nuestras actividades productivas. Por lo tanto, los problemas relacionados al agua afectan significativamente el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.
Uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Chile en 2015, es “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Sin embargo, la extensa y prolongada sequía que ha experimentado Chile en los últimos años podría ser solo un anticipo de los problemas de disponibilidad de agua que -muy posiblemente- tendremos que enfrentar en el futuro.
Mauricio Zambrano-Bigiarini.
Por otra parte, las recientes inundaciones y aluviones que han afectado el norte de nuestro país nos recuerdan que es urgente contar con sistemas de alerta temprana, que nos permitan no solo “reaccionar” ante las emergencias sino también anticiparnos a ellas, pues los costos de la prevención son muy inferiores a los gastos utilizados en remediar los daños causados por la emergencia. Además, los cambios que hemos visto en el régimen de precipitaciones se superponen de manera compleja a cambios en la temperatura del aire y en la evapotranspiración desde el suelo y las plantas, a cambios en la ubicación de la línea de nieves y en los ciclos anuales de deshielo, modificando de una forma muy particular el ciclo hidrológico de cada una de las cuencas de nuestro país.
En el contexto del Decenio Internacional «Agua para el Desarrollo Sostenible« (2018-2028), las Naciones Unidas (UN) nos invita a celebrar el Día Mundial del Agua bajo el lema “no dejar a nadie atrás”. Este lema pone énfasis en que los recursos hídricos deben satisfacer las necesidades de todos los grupos humanos, incluyendo las personas o grupos sociales que sufren de una o más “desventajas”, asociadas a su etnia, género, ubicación geográfica o nivel de ingreso económico.
Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6), consiste en implementar la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) a todos los niveles de aquí a 2030. Sin embargo, sobre GIRH se ha hablado mucho desde hace décadas, pero con escasos resultados concretos. No podemos gestionar un recurso que no conocemos.
Para gestionar adecuadamente cualquier cuenca, deberíamos conocer, al menos, las principales entradas y salidas de agua a dicha cuenca. Si bien es cierto las estaciones meteorológicas existentes nos permiten contar con mediciones puntuales de lluvia, esos datos son muy escasos en las cabeceras de la mayoría de las cuencas de nuestro país, que es donde cae la mayor cantidad de agua.
Por otra parte, no todas las regiones cuentan con una adecuada identificación de los principales acuíferos existentes, de los volúmenes y características hidrogeológicas de los mismos y de la cantidad de lluvia que finalmente pasa a recargar dichos acuíferos. Finalmente, si bien es cierto existe un registro actualizado de los derechos de aprovechamiento superficiales y subterráneos otorgados por la Dirección General de Aguas, no todos los pozos existentes están incluidos en dicho registro, y la fiscalización sobre la cantidad de agua realmente extraída por cada pozo también es perfectible.
Por lo tanto, es urgente promover el uso eficiente del agua y considerar su relación con la seguridad alimentaria, la disponibilidad de energía y el medio ambiente. Además, debemos revisar asignación de derechos de agua y el diseño de obras de infraestructura relacionadas al agua, y asegurarnos de que ellas consideran tanto la naturaleza no estacionaria (cambiante), de los procesos hidrológicos como los escenarios existentes de cambio climático. Finalmente, debemos motivar a nuestros parlamentarios para que promulguen leyes que aseguren la participación de todos los actores interesados en la gestión del recurso hídrico, sin dejar a nadie atrás.
