Hace algunos días, Diario el Día informó del inicio de las obras del Puerto Cruz Grande de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).
Hito que fue precedido de polémica, esto debido a que la ONG Oceana acusó que la ejecución del proyecto no comenzó dentro del plazo de cinco años desde la obtención de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Motivo por el que solicitó la caducidad del permiso.
“Considerando que venció el plazo estipulado por el reglamento para comenzar con los trabajos, hemos solicitado la caducidad del proyecto Cruz Grande, tal como lo estipula la legislación”, afirmó en la ocasión, la abogada de la organización internacional dedicada a la conservación de los océanos, Javiera Calisto.
No obstante, desde la CMP manifestaron que ya habían empezado con las obras de la futura instalación portuaria en la costa de La Higuera.
“El pasado 28 de enero de 2020, Compañía Minera del Pacífico (CMP), informó a la Superintendencia del Medio Ambiente, el inicio de construcción del proyecto portuario Cruz Grande. En la actualidad se están ejecutando trabajos asociados al mejoramiento vial, obras para la infraestructura de apoyo e iniciativas de compensación ambiental”, indicaron.
Asimismo, declararon que la Compañía Minera del Pacífico tiene el propósito de mantener las mejores relaciones con las autoridades y comunidades, especialmente con aquellas más próximas a Cruz Grande, para explicar el proyecto a todos quienes lo requieran.
Aclaración que pareció finiquitar la situación.
Sin embargo, a través de un comunicado público dado a conocer recientemente, la ONG denunció que las obras habrían comenzado incumpliendo su permiso ambiental. Particularmente sin efectuar las actividades previas establecidas con el objetivo de proteger a especies que se encuentran en la categoría de conservación “En Peligro”.
Al respecto, Calisto, aseguró que “si bien las actividades desarrolladas por CAP (Compañía de Acero del Pacífico, empresa matriz de CMP) no dan cuenta del inicio de la ejecución del proyecto, representan una seria amenaza para especies que se ubican en la zona, al haberse desarrollado sin apego a su RCA”.
En este sentido, detalló que la iniciativa contemplaba la realización de un Santuario de la Naturaleza antes de comenzar con su ejecución, “el cual no se ha declarado”.
Todavía más, Oceana sostiene que en su Resolución de Calificación Ambiental, la Compañía Minera del Pacífico se comprometió a llevar a cabo el “Área de Protección Privada Cruz Grande”, señalando que: “El Titular realizará la tramitación del APP para su reconocimiento por parte del Estado previo al inicio de la etapa de construcción”.
Lo que, adicionan, nunca se concretó.
“CAP se encuentra realizando acciones con el único propósito de evitar la caducidad de su RCA, sin embargo, incumple materias previstas en dicha RCA; lo anterior, no puede de ningún modo prevenir la caducidad de la misma, porque nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Estas acciones, aparentemente informadas por CAP a la superintendencia a días del vencimiento de la RCA, demuestran que este es un proyecto improvisado”, aseveró la jurista.
Actualmente la organización de conservación marina se encuentra atenta a la respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que debe manifestarse frente a la solicitud de caducidad del permiso ambiental.