Propuesta política-minera: ‘Deben realizarse cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental’

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Lograr que la minería se proyecte al futuro contribuyendo al progreso económico, inclusivo y sostenible del país. Ese es el objetivo de una propuesta que actores transversales entregaron ayer a la Presidenta Michelle Bachelet y a la ministra de Minería, Aurora Williams.

 

Las ideas -que consideran el desarrollo virtuoso, sostenible e inclusivo de la actividad- fueron plasmadas en el documento “Minería y Desarrollo Sostenible en Chile. Hacia una Visión Compartida”, desarrollado por 11 personas, entre los cuales destacan el ex Presidente Ricardo Lagos; los ex ministros de Economía Alvaro García y Juan Andrés Fontaine; el presidente de Colbún, Bernardo Larraín; el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire; el ex director de Codelco Jorge Bande; el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza; y el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic.

 

El documento propone que el Estado asuma un rol central como planificador, regulador y articulador de una estrategia que lleve a la minería del país a ser parte de las cadenas globales de valor. Para ello, sugieren la creación de una institución público-privada que coordine y motive a los distintos actores a moverse de acuerdo a dicha estrategia. En ese ámbito, proponen que el foco sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento.

 

En otro punto, se sugiere alcanzar un programa de capitalización durante los próximos años para Codelco, que incluya financiamiento plurianual con flexibilidad de gestión y acceso a recursos de diversas fuentes. También, dice que es necesario maximizar su valor patrimonial, resguardando los derechos laborales y el cuidado del medioambiente.

 

En cuanto a energía, si bien reconocen el avance a través de la agenda energética que impulsa el gobierno, proponen considerar un plan de eficiencia energética, con metas para el sector minero y la búsqueda de sinergías entre mineras, regiones, municipios y comunidades locales, para llevar adelante proyectos energéticos no contaminantes.

 

Comunidades

 

En vista de la judicialización de iniciativas, uno de los focos dentro de la propuesta tiene que ver con el tema medioambiental y de comunidades. Frente a esto, se sugiere -entre otras cosas- realizar cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica, para utilizarla como instrumento de ordenamiento territorial. También, se pide revisar la composición del Consejo de Ministros, de manera que la opinión técnica adquiera un rol más importante.

 

El documento, asimismo, sugiere fortalecer la institucionalidad y el marco normativo de aguas en el país; legalizar la propiedad indígena, considerando el régimen legal que ampara las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y contar con una adecuada reglamentación en los procesos de participación de las comunidades afectadas.

 

A eso, se añade la idea de que las firmas inviertan en el entorno físico en donde emplazan proyectos, por lo que sugieren que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos mineros queden en regiones mineras, para que beneficien obras de infraestructura o desarrollo social de las comunidades donde se localizan.

 

Fuente: La Tercera