La letra chica del anuncio no cayó bien en la zona. La noticia de que la red de monitoreo ambiental estará, desde ahora, a cargo del Estado, era un antiguo anhelo de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero la decisión de mantener a la misma empresa que realizaba esta labor para las firmas del cordón industrial, pero ahora contratada por el gobierno, generó reticencia y se transformó en un blanco de críticas para los dirigentes locales.
“Esta es la empresa que ha medido siempre, le pagaban las empresas. Ahora, le pasará los datos primero al Estado. No se entiende el cambio. Es una vergüenza ahora, cuando hay una oportunidad. El desarrollo debe ser sustentable”, dijo Osvaldo Pascual, dirigente ambientalista de Quintero.
Su par, Andrés León, se sumó a los cuestionamientos: “Al mantenerse la misma empresa que hace trabajos para las fuentes contaminantes, la independencia queda en duda. Tienen que haber otras empresas, o que el propio ministerio lo pueda operar (el sistema de monitoreo). Así, encontramos que la medida es muy parcial”.
Hasta ahora, la firma SGS Chile Ltda era la encargada de las mediciones ambientales de la zona, a partir de nueve estaciones de monitoreo. Y con el cambio, la información, en lugar de informarse primero a las empresas, pasará directamente, en forma diaria, al Ministerio de Medio Ambiente.
Según se informó desde la cartera, la decisión responde a que existe un contrato vigente con SGS hasta el próximo año, el que, a la luz de una próxima evaluación, podría o no renovarse. “Ellos no son el problema, sino cómo operaba la red”, explican desde Medio Ambiente.
Javier Trivelli, presidente de la agrupación ecológica Chinchimen, planteó que “el hecho de que el ministerio mantenga a la empresa, no hace frente a la urgencia medioambiental que tenemos. Es bueno que pase al Estado, pero se mantiene el mismo monitoreo, no se suman otros contaminantes. Lo que necesitamos es una nueva normativa”.
Cambios a la red
Este lunes, Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, dio la partida a los cambios en la modalidad de monitoreo, los que regirán hasta que se operativice un nuevo sistema que, se espera, debutaría en 2019.
“En octubre, el gobierno de Finlandia hará una auditoría para determinar las condiciones que pueden resultar complejas para la vida de las personas. Fruto de esta auditoría es que, a principios del próximo año, vamos a modernizar y ampliar la red de monitoreo de calidad de aire”, indicó Schmidt.
La asesoría estará a cargo del Instituto Nacional de Meteorología de Finlandia (FMI), reconocido a nivel mundial en medición de calidad del aire. La idea es que sus conclusiones se entreguen en diciembre -a la par con el ingreso del nuevo Plan de Descontaminación a Contraloría- para que a comienzos del próximo año se llame a licitación para la implementación de la nueva red. Así, la marcha blanca del sistema, mejorado, sería en el segundo semestre de 2019.
En paralelo, se informó que Medio Ambiente trabaja en la nueva norma de dióxido de azufre para que, por primera vez, se midan por hora las concentraciones, igualando los límites a los de la Unión Europea. Así, completado el cuadro, las empresas del cordón industrial serán evaluadas para su determinada faena según la condición meteorológica imperante, lo que implicaría que reduzcan su acción en condiciones adversas.
Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que con el apoyo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y la U. Católica se está realizando un análisis que relaciona los gases volátiles con la sintomatología de las personas intoxicadas, que llegan a 640 a la fecha.
Además, comenzó a sesionar la Comisión Investigadora convocada para analizar los hechos de contaminación e intoxicaciones masivas registradas en Puchuncaví y Quintero.