El estudio «Pobreza energética: análisis de experiencias internacionales y aprendizajes para Chile» considera cinco dimensiones que condicionan la pobreza energética en Chile. Estas son el acceso a energía segura, asequible y no contaminante, disponer de condiciones de habitabilidad adecuadas y promover el conocimiento del usuario.
Esto sería una nueva forma de mirar la pobreza, pero una forma más integral. Por ejemplo, actualmente en el mundo más de 1.400 millones de personas no cuentan con acceso a electricidad y alrededor del 40% de la población mundial utiliza biomasa de manera insegura, insalubre y no sustentable para la cocción de sus alimentos. El acceso a energía segura y continua es sumamente importante, ya que sin estas características, las opciones de desarrollo estarán limitadas, concluye el estudio.
La investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Energía buscaba monitorear esta situación en Chile y su evolución, para así localizar las acciones de política pública necesarias para superarla. Además incluye definiciones para determinar qué es este fenómeno y cómo afecta a las personas.
Se señala que debiese considerarse la satisfacción de diversas necesidades asociadas al uso energético, los estándares que lo rigen, la conectividad a la electricidad y su asequibilidad. Por ello, requiere ser institucionalizada para un abordaje efectivo y eficiente desde la política pública.
“Chile debe lograr que su matriz energética sea inclusiva, que contribuya a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas”, expresó Paloma Toranzos, Oficial de Medio Ambiente y Energía del PNUD Chile.
Las cinco dimensiones establecidas fueron adaptadas al contexto chileno y permiten examinar de manera más integrada la pobreza energética en el país:
- El acceso a la energía, así como la calidad, continuidad y seguridad asociada.
- La asequibilidad económica de la energía: la relación entre el gasto que los hogares destinan a la energía y su ingreso.
- Las características estructurales de las viviendas y su eficiencia energética.
- La sustentabilidad energética, comprendida como una dimensión que garantizará la calidad energética en largo plazo en un contexto de descarbonización de la energía.
- La educación o alfabetización energética de los ciudadanos y ciudadanas, entendiendo que las opciones que toman en torno a la energía están condicionadas por la información y conocimientos que tienen al respecto.
“Es necesario generar condiciones institucionales para garantizar el acceso a servicios energéticos básicos, con estándares de confiabilidad, calidad y universalidad, lo cual permitirá afianzar una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, añade
Toranzos.
Las dimensiones mencionadas serán validadas por distintas instituciones involucradas en el proyecto. Luego de llegar a un consenso sobre el concepto de pobreza energética, se elaborará un plan de acción, el cual incluirá un instrumento para medirla y orientar la toma de decisiones. Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos de largo plazo de la Política Energía 2050 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.
