En Chile, la nueva ley de desalación aprobada en marzo pasado, genera expectativas. Pero más allá del efecto inicial, resulta necesario analizar con mayor perspectiva el contexto y los efectos que podría tener.
La nueva norma busca definir y clarificar los procedimientos asociados al desarrollo de proyectos de desalinización de agua de mar tales como la evaluación ambiental de las iniciativas, el establecimiento de servidumbres y el otorgamiento de concesiones, entre otros aspectos. Desde este punto de vista, constituye un avance, porque aporta reglas más claras al sector público-privado de una industria que ya venía creciendo con rapidez en el país.
No obstante, la ley aborda la desalación como un sistema relativamente aislado del contexto normativo y de otras soluciones, sin integrarla plenamente al ciclo productivo del agua continental ni a su marco normativo más amplio. Aspectos como los derechos de aprovechamiento de aguas, eventuales usos y reúsos o la disposición final en fuentes naturales no marinas, no quedan suficientemente articulados con esta nueva fuente hídrica.
En otras palabras, la desalación aparece regulada como una actividad específica, pero algo desconectada del sistema hídrico en su conjunto. Esto contrasta con la tendencia en materia de gestión del agua, donde cada vez se avanza más hacia enfoques integrados que consideran conjuntamente las distintas fuentes —superficiales, subterráneas, desaladas o reutilizadas— y la infraestructura que las conecta.
Conviene recordar que la desalación no es un fin en sí mismo. En la práctica, es una herramienta tecnológica poderosa, pero su valor real no está en la planta desaladora, sino en su capacidad para integrarse a un sistema, que aporte a la seguridad hídrica llevando el agua donde debe llegar, con la calidad adecuada, en la cantidad necesaria, al menor costo eficiente posible, con resiliencia y sostenibilidad frente a eventos climáticos extremos.
Dicho de otra forma, la desalación debe responder a los requerimientos en el contexto hídrico del país para integrase al ciclo del agua y su marco normativo vigente y no definirse al margen de él.
Por eso, el debate de fondo probablemente no es solo la ley de desalación, sino la ausencia de una política pública hídrica de largo plazo, consensuada y con visión de futuro, que nos permita conocer hacia dónde queremos ir, qué infraestructura se requiere y qué marcos regulatorios o gobernanza deberán acompañar ese proceso.
La desalación, puede convertirse en una pieza clave de la seguridad hídrica del país. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa y una creciente experiencia en esta tecnología. Pero para que su aporte sea realmente transformador, debe formar parte de un sistema integrado que combine eficiencia, sostenibilidad, viabilidad económica, diversificación de fuentes, infraestructura y una gobernanza moderna del agua.
La nueva ley es un paso importante, pero no servirá de mucho, si no responde a una política hídrica consensuada y sea parte de una gobernanza en la materia que se necesita para las próximas décadas. Ahí está, probablemente, la verdadera tarea pendiente.
