Por Ximena Abogabir, fundadora y miembro del Directorio de Fundación Casa de la Paz
Atrás quedaron las guerras ideológicas del siglo XX, dando paso a la disputa por los recursos naturales a nivel global, nacional y local. El agua aparece ahora como el botín más disputado, dado que el recurso hídrico impacta todos los quehaceres de los diferentes actores, cumpliendo funciones sociales, económicas y ambientales. El crecimiento económico, el cambio climático, el aumento de la población, sumado a los largos períodos de escasez, han generado mayor competencia por el recurso, lo que plantea el imperativo de mejorar la gobernanza a nivel de cuencas.
Nuestra institucionalidad, como lo han destacado múltiples diagnósticos especializados, incluyendo el Banco Mundial, no está a la altura de los actuales desafíos. Ante ello, es imperativo evitar la actual dispersión de competencias entre diversas agendas públicas. Por ello precisamos contar con una institución rectora (Ministerio o Subsecretaría) que pueda prevenir, resolver y facilitar la resolución de conflictos entre usuarios, generando información oportuna respecto de la disponibilidad, usos y calidad del agua, incluyendo un registro único de derechos otorgados.
Por su parte, el actual Código de Agua fue concebido con foco en las funciones productivas, en desmedro de los usos ambientales, sociales y culturales, lo que requiere ser revisado. Es preciso fortalecer el carácter del agua como bien nacional de uso público, explicitando que los glaciares forman parte del balance hídrico de las cuencas respectivas, por lo que se deben prohibir los derechos de aprovechamiento de agua sobre ellos.Asimismo, se debe priorizar la preservación de los ecosistemas y el uso del agua para consumo humano, enfatizando la posibilidad de constituir derechos de aprovechamiento de agua para comunidades rurales (APR).
Adicionalmente, es necesario superar la actual fragmentación de la gestión de las aguas subterráneas y superficiales, y la segmentación de estas últimas en “secciones” incorporando a la cuenca como la unidad básica de la política pública y de la gestión del recurso. Por su parte, para dar respuesta a los requerimientos de los territorios, es preciso trabajar cuenca a cuenca, dado que las particularidades locales plantean diversas necesidades de combinar gestión con inversión en un marco adecuado de gobernanza. Para ello, es indispensable fortalecer las Organizaciones de Usuarios de Agua, las que deben avanzar hacia la integración de todos los actores que comparten el territorio.
Surge también el imperativo de mantener –en calidad y cantidad- la actual oferta hídrica, explorando en forma paralela la posibilidad de aumentar su disponibilidad, a través de infraestructura, forestación, reutilización, educación, entre otras opciones. Chile requiere avanzar hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con reglas claras que permitan que la interdependencia de usos sea debidamente incorporada en las decisiones de cada uno de los usuarios, a través de mecanismos transparentes que resguarden los intereses de todos, y con ello, se alcance un mayor beneficio colectivo.
